La reducción del Programa Remediar encendió una advertencia de las Defensorías del Pueblo del país por el riesgo de interrupción de tratamientos para millones de personas que dependen del sistema público de salud. La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) reclamó al Gobierno nacional un plan de contingencia urgente para asegurar la provisión de medicamentos esenciales en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

El planteo surgió tras cuestionamientos a la decisión del Ministerio de Salud de redefinir el alcance del programa y reducir cobertura en tratamientos para enfermedades crónicas de alto impacto, como hipertensión, cardiopatías y accidentes vasculares cerebrales, prestaciones que alcanzan a una población que, advirtió la entidad, depende exclusivamente del sistema público.

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Desde ADPRA señalaron que el recorte afecta una herramienta que desde 2002 funciona como uno de los principales dispositivos de provisión de medicamentos en el primer nivel de atención, con distribución mensual en 7.800 CAPS y cobertura para gran parte de las consultas ambulatorias.

El proceso de desfinanciamiento derivó en una caída superior al 55% en las entregas promedio a las provincias, obligando en muchos casos a compras de emergencia con recursos propios para sostener prestaciones que antes cubría Nación.

Las Defensorías advirtieron además que ya reciben consultas de personas que no encuentran medicación en centros de salud para sostener tratamientos, una situación que —señalaron— puede derivar en descompensaciones, internaciones evitables y mayor presión sobre hospitales públicos.

Otro de los cuestionamientos apuntó al traslado de responsabilidades hacia las provincias sin financiamiento adicional. En ese marco, ADPRA sostuvo que una reducción de cobertura no puede presentarse como una simple reasignación administrativa y alertó por posibles mayores desigualdades sanitarias entre jurisdicciones.

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Entre los reclamos, la entidad pidió que Nación presente un esquema de contingencia para el período mayo-agosto, publique el nuevo vademécum del programa y establezca mecanismos de articulación federal que garanticen recursos para sostener la provisión de medicamentos esenciales.

El pronunciamiento pone foco en el impacto social del ajuste sobre políticas sanitarias básicas y advierte que la discusión no se limita a una reorganización presupuestaria, sino al acceso a tratamientos para sectores que no tienen otra cobertura. “Detrás de cada patología hay una persona que no puede pausar su tratamiento”, señalaron desde la asociación.