Un proyecto de ley presentado en el Congreso nacional propone prohibir que funcionarios y legisladores accedan a créditos y beneficios financieros del Estado mientras se encuentren en ejercicio de sus cargos, en medio de cuestionamientos por préstamos otorgados desde organismos públicos.

La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Marcelo Mango, del bloque Unión por la Patria, y apunta a establecer una incompatibilidad expresa para evitar que quienes toman decisiones sobre recursos estatales puedan, al mismo tiempo, resultar beneficiarios.

“El Gobierno no puede defender un modelo de ajuste para la mayoría mientras habilita beneficios para los propios”, sostuvo el legislador, quien también planteó que la situación “no es solo un problema legal, sino también ético y político”.

El proyecto surge luego de la difusión de información pública sobre el acceso de funcionarios y legisladores oficialistas a créditos del Estado, entre ellos la diputada Lorena Villaverde, lo que derivó en denuncias judiciales y pedidos de investigación.

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En ese contexto, Mango afirmó: “Quienes toman decisiones sobre el Estado no pueden ser, al mismo tiempo, beneficiarios de sus recursos”.

La propuesta legislativa establece que, mientras dure el ejercicio de la función pública, no se podrá acceder a créditos, préstamos, subsidios de tasa ni otros beneficios financieros otorgados por bancos públicos, programas estatales o entidades bajo control del Estado nacional.

Además, contempla la suspensión de solicitudes en trámite y prohíbe mejorar las condiciones de créditos ya otorgados durante el período en que la persona desempeñe funciones públicas.

El objetivo es evitar mecanismos de beneficio indirecto y garantizar criterios de transparencia en la utilización de recursos estatales.

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En paralelo, el diputado cuestionó la postura del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había defendido la legalidad de los créditos otorgados.

“Decir que no hay nada ilegal no alcanza. La sociedad exige transparencia y reglas claras para evitar privilegios”, expresó Mango.

Finalmente, el legislador remarcó el sentido de la iniciativa: “No se trata de impedir el acceso al crédito, sino de evitar que el poder se transforme en una ventaja personal. Mientras se ejerce una función pública, no puede haber privilegios financiados por el Estado”.