La legisladora de Vamos con Todos, Magdalena Odarda, presentó un pedido de informes sobre la muerte del joven oficial de la Policía de Río Negro, Gabriel Mandagaray, ocurrida en abril de 2021 durante un curso de formación del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER). La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los legisladores José Luis Berros, Ayelén Spósito, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao (Vamos con Todos), además de Ana Marks y Leandro García (PJ Nuevo Encuentro).

El planteo está dirigido al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia y al Superior Tribunal de Justicia. Busca precisar responsabilidades institucionales y esclarecer los hechos que derivaron en la muerte del agente, ocurrida en un entrenamiento en la costa atlántica de Las Grutas.

Entre los principales puntos, los legisladores solicitan información sobre la organización del curso, los planes aprobados y eventuales modificaciones, así como las certificaciones médicas y psicológicas que habilitaron la participación de Mandagaray. También se requiere que se detalle si el joven había advertido que no sabía nadar, si existían medidas de seguridad como chalecos salvavidas y apoyo de embarcaciones, y qué coordinación se realizó con Prefectura Naval.

El pedido apunta a esclarecer si durante el entrenamiento se llevaron adelante prácticas violatorias de derechos humanos, como caminatas forzadas de más de 40 kilómetros en condiciones climáticas adversas, privación de alimentos y agua, humillaciones y ejercicios acuáticos sin medidas de seguridad adecuadas. Asimismo, se consulta si Mandagaray sufrió hipotermia antes de su fallecimiento y si hubo negligencia en la suspensión del curso pese a las condiciones adversas.

Los legisladores también reclaman conocer el estado actual del proceso judicial: fechas de audiencias, sentencias, recursos y la situación de los imputados, entre ellos jefes policiales e instructores. En particular, piden que se informe si autoridades políticas vigentes en 2021 —como el entonces ministro de Seguridad, el jefe de Policía y el gobernador— fueron investigadas o imputadas.

Odarda y sus pares señalaron que el objetivo del pedido es garantizar transparencia y responsabilidad institucional frente a un hecho que conmocionó a la sociedad rionegrina. “Necesitamos que se conozca toda la verdad y que se determinen las responsabilidades que correspondan, para que no vuelva a repetirse una tragedia como la que costó la vida a un joven oficial en formación”, remarcaron.