Solicitan juicio político para funcionaria que filtró información a femicida

Legisladores de Juntos Somos Río Negro presentaron denuncia contra la Defensora Oficial Silvana Ayenao

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Legisladores del Bloque Juntos Somos Río Negro (JSRN) solicitaron al Consejo de la Magistratura que investigue la conducta de la Defensora Oficial, Dra. Silvana Soledad Ayenao, acusada de haber filtrado información judicial al femicida Pablo Parra, aprovechando su posición y relación familiar con el imputado.

La denuncia fue presentada por el legislador Lucas Pica, quien ya llevó el caso al Consejo de la Magistratura. En las próximas horas, los legisladores Elbi Cides y Lorena Yensen también planean presentar denuncias similares. Este acto se corroboró durante la audiencia del juicio por el femicidio de Agustina Fernández, donde se reprodujo una escucha telefónica del 5 de julio de 2022. En dicha grabación, Ayenao le informó a Parra que el fiscal jefe, Santiago Márquez Gauna, lo había descartado como sospechoso, expresando: "para que estés tranquilo. Está todo encaminado que vos no tenés nada que ver".

Estas acciones, según los legisladores, demuestran una conducta reprochable en términos de ética y moral, violando los principios que deben guiar el desempeño de una Defensora Oficial en la provincia de Río Negro. El legislador Pica subrayó la gravedad del asunto, afirmando que conductas como esta dañan la integridad del sistema judicial, especialmente en un caso tan sensible y aberrante como el femicidio de Agustina Fernández.

El Consejo de la Magistratura ahora deberá evaluar la denuncia y determinar si se iniciará un juicio político contra la Dra. Ayenao. Este caso pone en relieve la importancia de la ética y la moral en el ejercicio de funciones públicas, y cómo la falta de estas puede perjudicar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.

La situación generó gran repercusión y fue condenada por diversos sectores, que destacan la necesidad de investigar a fondo el comportamiento de Ayenao y de tomar medidas severas si se confirma su falta de ética profesional. Los legisladores esperan que este caso sirva como un precedente para asegurar que todos los funcionarios públicos cumplan con los más altos estándares de integridad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

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