La familia de Atahualpa creerá una Fundación con fines sociales

Usarán el dinero que la Provincia deberá pagar en resarcimiento por la negligencia judicial y la impunidad.

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El abogado de la familia de Atahualpa Martinez Vinaya, Favio Igoldi, confirmó que el dinero obtenido a partir del juicio que condenó a la provincia a resarcir al entorno del joven asesinado en 2008 por la ineficiente y negligente investigación del homicidio, será destinado a una fundación que trabajará en causas sociales.


Igoldi explicó que “había un fallo de primera instancia del juez Julián Fernandez Eguía y ahora salió la ratificación de la Cámara, estableciendo la responsabilidad del Estado por la impunidad en torno a este crimen”.


Destacó lo inédito del fallo ya que “en general lo que se hace son acuerdos con las partes, pero en este caso no hubo acuerdo y se llegó a dos sentencias favorables. Ambos fallos dicen que la actuación fue totalmente negligente y que no se comprenden las actuaciones de los funcionarios judiciales de ese momento”.


Resaltó que la propia Fiscalía de Estado -que oficia en la defensa- contestó que “las víctimas no tienen derecho a conocer la verdad y a que no haya impunidad, sólo tienen derecho a que haya investigación”.


En cambio, aseguró que la sentencia puso en valor “cómo se desarrolló la investigación y las consecuencias negativas que acarreó, afectando las vidas de los familiares de la víctima. Por ejemplo, fue público y notorio que los familiares debieron organizar marchas en lugar de hacer el duelo y hasta tuvieron que ponerse al frente de la investigación. Lo poco que avanzaba la causa era por lo que hacía la familia”.


También valoró que “el dictamen de la comisión legislativa y las resoluciones del Consejo de la Magistratura dieron cuenta de la negligencia de la investigación”.


“Por ahora nos vienen tocando jueces imparciales e independientes, cuando llege al STJ entendemos que Liliana Piccinini deberá excusarse porque es una de las principales responsables de la negligencia”, recordó. Al respecto dijo que la actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia fue quien “en las primeras horas, luego del crimen, era la Procuradora General, y mandó en comisión a un curso en Bariloche a la fiscal Daniela Zágari, que estaba a cargo de la investigación y la reemplazo Ricardo Falca que no hizo la inspección en el boliche Miloka, último lugar en el que se vio con vida a Atahualpa”, sostuvo.


Confirmó que el dinero que deberá pagar la provincia “sale de las arcas provinciales y va a ir destinado a la fundación que está en conformación por parte de la familia”.


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