Confusión y hasta momentos de tensión se vivieron esta mañana en el sector de una toma de Viedma, donde gente del lugar aseguraba que se trataba de un desalojo por la fuerza y con el uso de una topadora, pero en realidad formaba parte de un acuerdo que se había establecido previamente.

Es que días atrás en la zona ubicada sobre la ruta Provincial N° 1, entre las vías del ferrocarril y el Parque Industrial se había levantado una construcción de material, pero su proximidad con la ruta generaba un peligro permanente, por lo que tras una presentación de la Fiscalía de Estado el juez Julián Fernández Eguía convocó a las partes y logró establecer un acuerdo.

Cabe destacar que las normas vigentes permiten una construcción en una distancia de 50 metros o más en sectores rurales y de 25 metros o más en zonas urbanas.

En este caso, estaba muy cercana a la ruta, por lo que implicaba un riesgo para automovilistas y también para la familia que construyó en el lugar.

Se tramitó una ayuda social para la situación de vulnerabilidad y se firmó un acuerdo que implicaba varios pasos.

En primer término, la familia sacó todas las pertenencias posibles y abandonó el lugar. En la jornada de ayer se terminó de ejecutar la segunda parte del acuerdo, que implicaba el derribo de la precaria construcción de material, para finalmente eliminar el peligro para la seguridad vial.

La figura jurídica es una “acción preventiva de daño”, y se ejecuta cuando algo representa un peligro inminente para la seguridad de las personas.

Se aclaró que no se trató de una acción de desalojo y solo comprende esa construcción ubicada a menos de 50 metros de la ruta. En esta presentación de la Fiscalía de Estado, por su figura legal y alcance, no se incluye la otra parte de la toma.