En su carácter de Vicepresidenta de la Comisión de Justicia, M.E. Soria interpeló al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Germán Carlos Garavano, quien expuso sobre el proyecto de Modificación de la ley 27148 "Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal".

Entre otros aspectos, este proyecto oficialista propone limiat el rol del procurador, pasar de un mandato vitalicio a otro de 4 años y armar una estructura diferente, con cuatro subprocuradores. Su presentación se contextualiza en los intentos frustrados del macrismo por desplazar de su cargo a la actual Procuradora de la Nación Alejandra Gils Carbó y nombrar a alguien políticamente afín a los intereses oficialistas.

María Emilia Soria fue directa al expresar su desacuerdo: “Sr. Ministro, ¿no era más sencillo un proyecto de ley de un solo artículo por el que se pase a disponibilidad de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó? Porque hubiese sido mucho más sencillo y ese proyecto sería tan inconstitucional como el que estamos tratando esta tarde”.

Denunciando el ataque a la autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal, Soria recordó el texto del artículo 120 de la Constitución Nacional: “El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad en coordinación
con las demás autoridades de la República. Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de
inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneración”.

Luego Soria señaló el contraste: “Sencillamente lo que nos está proponiendo el ejecutivo es que va a nombrar a los subprocuradores de su riñón, con una mayoría simple de los presentes, quienes a su vez van a poder poner y sacar fiscales para investigar las causas que ellos mismos decidan con criterios sumamente laxos como “gravedad”, “complejidad”, “interjurisdiccionalidad” o “conexión”. Lisa y llanamente estamos hablando que la acción penal ya no va a estar en cabeza del Ministerio Público como órgano extra poder, sino que va a estar en cabeza del Poder Ejecutivo, a través de sus secuaces, los
“subprocuradores”. ¿No garantiza esta mecánica la impunidad en todos los delitos que puedan llegar a cometer los funcionarios de esta gestión? ¿No garantiza este proyecto la persecución política de
todos aquellos que no comulgan con esta conducción política?”

Además del bloque del FPV, el rechazo al proyecto del Ministro de Justicia de la Nación también se expresó desde el resto de los bancadas opositoras en el Parlamento.