Entre los argumentos que sostiene el fiscal, conforme a lo se desprende de la causa iniciada por presunta infracción al art. 189 bis, del Código Penal (delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal), el personal policial actuante, alguno de ellos de jerarquía relevante dentro de la fuerza de seguridad, no procedió de manera muy llamativa a la detención del sujeto, a quien le encontraron el arma de fuego, siendo que en el caso existió una situación de "flagrancia" en la que la norma procesal penal les impone el deber a todo funcionario policial de proceder a la detención en esa circunstancia y poner a la persona detenida a disposición del Juez Instructor con comunicación inmediata al Fiscal en turno, siendo este último enterado al día siguiente de ocurrido el hecho y a través de los medios de comunicación locales.

Por otro lado, también el fiscal remarcó la "desproligidad" en la confección tanto del acta de procedimiento policial, como de la requisa y secuestro del arma, la que se encontraban agregadas en el Sumario Judicial iniciado por la policía, sin contar ambos instrumentos con las firmas del personal policial que intervino y de los dos testigos de actuación, lo que motivo, a que la Fiscalía solicitara al Juzgado interviniente el pedido de nulidad de las actas de mención, medida que fue decretada por la Magistratura, con su consecuente dictado de sobreseimiento del imputado.

Cabe recordar que el día Lunes 21 de Marzo, personal de Seguridad Vial de la localidad de Ingeniero Huergo en un operativo de rutina procedió a la detención de dos personas, que luego recuperaron la libertad,  a raíz de que tenían en su poder una pistola 9 milímetros, cartuchos, un chaleco antibalas, y una importante suma de dinero en dólares y en pesos. 

Para el fiscal dicha detención "nunca se puso a disposición del Juez" y sostuvo que "será materia de investigación por parte de la Fiscalía".