Concurrieron el juez del Superior Tribunal de Justicia Ricardo Apcarián, los camaristas Alejandra Berenguer y Pablo Repetto, los jueces de instrucción Sonia Martín, Florencia Caruso y Santiago Márquez Gauna, el juez de ejecución Lucas Lizzi, secretarios penales, agentes judiciales, fiscales y defensores del Ministerio Público.

Participó además el Secretario de Justicia de la Provincia Marcelo Esteves, el director del Servicio Penitenciario Hugo Cecchini e integrantes del área de Política Criminal, que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia.

La capacitación se realizó en las instalaciones del Colegio de Abogados Alto Valle Oeste de Cipolletti. Las autoridades de la comisión directiva también concurrieron a la reunión.

Los representantes de la empresa Surely S.A, que es la firma que le provee los equipamientos a la provincia de Río Negro, explicaron cómo se implementará el funcionamiento de las pulseras o tobilleras electrónicas. En una primera etapa se aplicará a condenados con prisión domiciliaria y luego a los detenidos que están bajo alguno de los regímenes de libertad ambulatoria, todos contemplados en la Ley de Ejecución Penal 24.660.

El equipamiento consta de un transmisor, que es un dispositivo de goma que se coloca como pulsera o tobillera, y de un receptor que se conecta a una línea de teléfono fija o de telefonía celular. Este último emite señales de alertas desde el domicilio del detenido con prisión domiciliaria hasta una central, que en la provincia funcionará en las instalaciones del número de emergencias 911. Según se explicó existe un doble monitoreo, por parte de la empresa y por parte del personal del Servicio Penitenciario Provincial.

Los técnicos adujeron que esta tecnología es un elemento de control que se complementa con los organismos que tienen el control jurídico en el caso de prisiones domiciliarias o libertades ambulatorias.
El Dr. Ricardo Apcarián aseguró hoy que, en la Cuarta Circunscripción Judicial, el Superior Tribunal de Justicia aspira a que se jerarquice la estructura y la infraestructura del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados, que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia, para garantizar el control de todos los condenados de la circunscripción.