De la misma manera, presentaron un pedido de audiencia ante la Justicia Federal para interiorizarse sobre las actuaciones realizadas por ese fuero ante la elevación, por parte del juez Fabio Igoldi, de una causa en la que el juez Juan Bernardi aparecería relacionado con el consumo de drogas en ámbitos y circunstancias también vinculados a casos de abusos de niñas y adolescentes. Además, pidieron también reunirse con el fiscal Hernán Trejo, quien lleva adelante la causa por responsabilidades político-institucionales en el desempeño de los organismos estatales de protección de la niñez y adolescencia (CAINA), en cuyo marco se encuentra procesado el ex ministro Ricardo Arroyo. 
Causa Solano 

Por otro lado, los vecinos manifestaron su total repudio a la decisión del juez Julio Martínez Vivot de negar la posibilidad de una inspección ocular al jagüel señalado como lugar de ocultamiento del cuerpo de Daniel Solano al perito aportado por el abogado y la familia del joven, cuya “desaparición forzada” se investiga infructuosamente desde hace ya cuatro años. 

En este sentido, los autoconvocados exigen que el juez Martínez Vivot, y junto a él, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, asuman la causa Solano con la misma trascendencia con que la ha asumido la comunidad rionegrina y faciliten todas y cada una de las medidas que pudieran contribuir a su esclarecimiento. 

Una vez más, los vecinos rechazan la manipulación de cuestiones técnicas, procedimentales y hasta doctrinarias para justificar la no asunción por parte de funcionarios del poder judicial del compromiso que el cargo y, fundamentalmente, las circunstancias le demandan.  

En la misma línea, el grupo de vecinos y vecinas expresa su preocupación por la pasividad del Superior Tribunal de Justicia, cabeza del Poder Judicial rionegrino, ante las fundadas denuncias efectuadas por el abogado Sergio Heredia contra la Dra. Cecilia Costanzo, el fiscal Guillermo Bodrato, la ex jueza Marisa Bosco (a quien el Consejo de la Magistratura le posibilitó eludir el juicio político aceptándole la renuncia) e inclusive contra el actual juez Martínez Vivot. Dichas denuncias, encuentran nuevo impulso en el fallo de la Cámara Criminal Tercera que autorizó las excarcelaciones bajo caución de los siete policías imputados por la desaparición de Solano. En esa resolución, tal como lo refleja un medio regional hoy, los jueces hablan de la "morosidad" de los operadores judiciales, del "notorio desperdicio de tiempo valioso", de la "llamativa" falta de apelación por parte de Bodrato ante la resolución que posibilita la libertad de los imputados, entre otros.