La denuncia se originó a partir del pedido de vecinos de la localidad que brindaron información sobre la designación de Ibañez como Juez de Paz por parte de las autoridades de facto en abril de 1980, durante el último periodo no constitucional en la argentina 1976-1983.

La presentación ante el Tribunal electoral pretendía hacer efectiva lo dispuesto por la ley provincial 4780 que establece la inhabilidad de carácter perpetua para ejercer cargos públicos a quienes hubieran ejercido funciones de asesoramiento o de responsabilidad en periodos no constitucionales.

Con el voto mayoritario de Filipuzzi e Ignazi, el Tribunal declaró la falta de acción directa de la denunciante, dando por finalizado el tramite iniciado a comienzos del año 2015.

“Por supuesto que vamos a apelar el fallo”, dijo Horne y agreó que "no es razonable ni lógico el argumento del Tribunal. Es cuanto menos extraña la declaración de falta de acción directa. El Ministerio Publico Fiscal, dictamino en forma positiva sobre la legitimación para incoar la denuncia y sobre la competencia del Tribunal para entender en el tema.”

En su voto minoritario, Galingher sostuvo que existe una laguna normativa a la hora de aplicar la inhabilidad que se pretende sobre Ibañez y señaló la ausencia de un procedimiento específico para efectuar dicha declaración. Por este motivo recomendó aplicar el Artículo 124 de la ley 2431 sobre remoción de cargos, garantizando el debido
proceso y el derecho de defensa del denunciado. Sin embargo, esta postura no logró el consenso mayoritario.

“Lamentamos mucho la decisión del Tribunal, deja mucho que desear. Se trata de un caso manifiesto, Ibañez está comprendido por la causal de inhabilidad de acuerdo a la legislación vigente en nuestra provincia. No hay mucho más para analizar”, sostuvo.

Asimismo indicó que "era una excelente oportunidad para resolver, no solo la cuestión de fondo, sino para sentar jurisprudencia sobre un tema sensible. Con esta respuesta, nuestra Democracia queda a la interperie”.