La actividad se enmarca en los alcances y resultados del encuentro de trabajo interinstitucional relativo a la aplicación de la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental en el ámbito de la Provincia de Río Negro, celebrado en fecha 24 de febrero último en el Superior Tribunal de Justicia con presencia del Presidente del Superior Tribunal, la Procuradora General, Defensora General, legisladoras provinciales, representante del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos,oportunidad en que acordaron la necesidad de iniciar un proceso de revisión de normas y prácticas institucionales en relación al abordaje de los derechos de las personas con padecimiento en salud mental, en el aseguramiento del acceso a justicia.

Dentro de los ejes a desarrollar se encuentra la capacitación y en este sentido, las Jornadas son la continuidad de los objetivos propuestos y para su concreción han sido convocados como disertantes la Dra. Silvia Fernández (Asesora de Menores e Incapaces de Mar del Plata); la Dra. María Graciela Iglesias (Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión, ley 26657); la Sra. Beatriz López Feijoó (Asociación Familiares, Usuarios y Voluntarios del Servicio de Salud Mental); la Lic. Roxana Amendolaro (Inadi – S.C. Bariloche); el Dr. Gustavo Martínez (Juez de la Cámara Civil de General Roca); la Dra. Sandra Filipuzzi (Juez de la Cámara Civil de Viedma); la Dra. Dolores Crespo (Defensora de Pobres y Ausentes de Viedma); la Dra. Cecilia Donate (Defensora de Menores e Incapaces de Viedma); el Sr. Néstor Busso (Secretario de Derechos Humanos); la Lic. Verónica Smith (Subsecretaria de de Protección Integral); el Dr. Enrique García Díaz (Coordinador Provincial de Salud Mental); el Mg. Sergio Blanes Cáceres (Psicólogo Forense de Cipolletti); el Lic. Cristian Battcock (Psicólogo Forense de Viedma) y la Lic. Cristina Contreras (Trabajadora Social del Servicio Social).

La capacitación está dirigida a Magistrados y funcionarios judiciales de la Primera Circunscripción Judicial, legisladores y otros miembros del área legislativa, operadores sanitarios e integrantes de organizaciones relacionadas con la atención de la salud mental y la tutela de derechos.