El juez Guillermo Bustamante manifestó que “la causa ha continuado con la investigación, se fueron recibiendo bastantes declaraciones testimoniales de personas que trabajaban junto al imputado y que conocen las circunstancias del caso”.

Además indicó que “también se recibió declaración testimonial a varios funcionarios públicos que tuvieron algún grado de vinculación con el expediente en el cual tramitaron las contrataciones”.

También sostuvo que “se ordenaron pericias informáticas y contables, pero todavía no podemos conocer sus resultados porque se vieron demoradas en virtud de que los imputados estaban en trámite de conseguir sus abogados defensores”.

De todos modos aseguró que “a partir de ahora es viable la producción de las pericias”.

En cuanto a la situación de Gabriel Limardo, explicó que “él tiene una imputación que pesa en su contra, no existía al momento de la imputación parámetros firmes que hablaran de la imposibilidad de obstaculizar el accionar de la justicia o peligro de fuga. Entonces optamos por no tenerlo con prisión preventiva, sino que dictamos una medida cautelar que restringe fuertemente su movilidad pero no es tan gravosa como alojar a una persona en una prisión”.

“Tiene que dar aviso de sus movimiento en una comisaría local, cuestiones que tienen que ver más que nada con el control de que la persona esté disponible para el proceso en el momento que se lo requiera”, agregó.

Con respecto la situación particular de dos empleadas de la Agencia de Desarrollo Crear, que habrían sido utilizadas para la firma de contratos supuestamente irregulares, y que no contaban con su consentimiento, Bustamante, dijo que “son situaciones que estamos evaluando, probatoriamente la causa todavía no está definida, restan algunas medidas. Posteriormente vamos a darle la oportunidad a los imputados que brinden sus descargar a través de la declaración indagatoria”.