Los argumentos utilizados para justificar los cambios en el Estatuto Docente quedaron bajo cuestionamiento por parte de UNTER, que advirtió sobre la falta de debate con la representación sindical y pidió discutir las condiciones laborales, salariales y pedagógicas que atraviesan al sistema educativo rionegrino.

A través de dos pronunciamientos difundidos durante los últimos días, el gremio docente expresó reparos sobre algunas de las afirmaciones que surgieron durante el tratamiento legislativo de la iniciativa que modifica los criterios de puntaje para el acceso a cargos en la provincia.

Desde la organización se preguntaron sobre qué datos sostienen que existe un problema vinculado con el ingreso de docentes provenientes de otras jurisdicciones y cuestionaron que la discusión sobre el fortalecimiento de la educación pública quede reducida a la asignación de puntajes diferenciales.

Para UNTER, la problemática educativa requiere analizar aspectos más amplios vinculados con los salarios, las condiciones laborales, la infraestructura escolar, la formación permanente y la estabilidad laboral. En ese sentido, señalaron que el arraigo no puede construirse únicamente a partir de mecanismos de prioridad en el acceso al trabajo.

El sindicato también planteó interrogantes sobre la situación de quienes nacieron en Río Negro pero cursaron estudios superiores fuera de la provincia por razones académicas o geográficas. Indicaron que esos docentes también forman parte de la comunidad educativa rionegrina y deberían ser contemplados en cualquier política vinculada al arraigo.

Otro de los cuestionamientos apuntó a la ausencia de instancias de discusión con la representación sindical y con organismos técnicos del sistema educativo. Entre otros puntos, preguntaron qué participación tuvo la Comisión de Títulos en el análisis de las necesidades reales del sistema y por qué no se convocó a quienes representan colectivamente a las y los trabajadores de la educación.

En sus documentos, UNTER sostuvo que toda práctica docente es una práctica situada y advirtió que reducir el debate a la procedencia de la formación o al domicilio de quienes aspiran a cargos implica simplificar una tarea atravesada por múltiples realidades sociales, culturales y económicas.

Para el gremio, la discusión sobre el futuro de la escuela pública rionegrina debe incluir políticas que garanticen salarios dignos, oportunidades de formación continua, mejores condiciones edilicias y herramientas que permitan que las y los docentes elijan permanecer, regresar y desarrollar su trayectoria profesional en la provincia.