Con fuertes críticas al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, autoridades de las universidades públicas con presencia en Río Negro, junto a gremios docentes, nodocentes y agrupaciones estudiantiles, convocaron hoy a participar de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo 12 de mayo.

La convocatoria se realizó durante una conferencia de prensa conjunta encabezada por la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, y el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, acompañados por autoridades académicas, representantes sindicales y estudiantes de ambas instituciones.

Uno de los mensajes más duros fue pronunciado por Torres, quien cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo nacional de no asignar recursos para garantizar la aplicación de la ley aprobada por el Congreso y promulgada en octubre del año pasado. “Estamos ante lo irracional: la ley está en vigencia plena desde el 21 de octubre, fue promulgada, pero el Ejecutivo decidió en el mismo decreto no financiarla”, afirmó.

El rector de la UNRN sostuvo además que el conflicto excede el plano institucional y llamó a una mayor participación social en defensa del sistema universitario. “Cuando la justicia no alcanza y el parlamento no alcanza, nuestra propuesta es convocar a que la sociedad nos abrace para volver a exigir el cumplimiento de la ley”, expresó.

Durante la conferencia también anticipó que las universidades impulsarán una presentación ante la Relatoría de Educación de Naciones Unidas, en medio de cuestionamientos al rumbo adoptado por el Gobierno nacional en materia educativa.

Por su parte, Gentile advirtió sobre las consecuencias que el desfinanciamiento ya está generando dentro de las universidades públicas, particularmente en la Patagonia. “Nuestras universidades cubren una extensión geográfica que hace posible que cada pibe de la Patagonia pueda estudiar. El ataque no es contra los rectores, es básicamente cortarle las posibilidades a quienes quieren acceder a la universidad pública”, señaló.

La rectora de la UNCOMA también alertó sobre la pérdida de personal docente y nodocente dentro del sistema. Según indicó, durante el último año se registraron 275 renuncias. “Si esto continúa, la pregunta es: en el 2030, ¿en qué lugar van a estar las universidades?”, planteó.

Desde el sector gremial, Mahuen Gallo, secretaria de ADUNC, vinculó el conflicto presupuestario con el desarrollo científico y productivo del país. “Destruir el sistema científico-tecnológico implica tener un país con menor calidad de desarrollo y producción. Estamos peleando no solo por salarios, sino por el futuro de los estudiantes y el impacto en toda nuestra comunidad”, sostuvo.

En representación estudiantil, Sol Martínez, presidenta del Centro de Estudiantes del CURZAS, cuestionó el congelamiento de las becas Progresar y el deterioro de las condiciones de permanencia para miles de jóvenes. “Las becas están estancadas hace tres años en 35 mil pesos, un monto que no alcanza ni para transporte ni conectividad”, afirmó. Y agregó: “El 12 de mayo las calles tienen que estar llenas porque la universidad le pertenece a todo el pueblo argentino”.

Durante la conferencia participaron además representantes de APUNC, ATUNRN, ADURN y distintos sectores universitarios de la región.

De los datos difundidos por las instituciones se desprende que el sistema universitario nacional sufrió una pérdida superior al 45% en gastos de funcionamiento durante los últimos dos años, mientras que las partidas destinadas a infraestructura, ciencia y tecnología registraron una caída del 100%.

En paralelo, indicaron que los salarios docentes y nodocentes necesitarían una recomposición superior al 50% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023.

Las universidades sostienen que, pese a la vigencia formal de la Ley de Financiamiento Universitario, el sistema acumula más de 500 días sin cumplimiento efectivo debido a la falta de asignación de recursos por parte del Gobierno nacional.