La continuidad de la planta de Alcalis de la Patagonia (ALPAT) y una reestructuración interna sin impacto sobre el personal de convenio forman parte del escenario planteado tras una serie de reuniones entre directivos de la empresa, trabajadores y representantes gremiales, en un contexto marcado por atrasos salariales y un prolongado proceso de crisis.

Según explicó Ariel Castillo, secretario general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Patagonia (Spiqyp), el encuentro con el accionista Fabián De Souza permitió despejar uno de los principales interrogantes que atravesaban a la planta: la posibilidad de cierre. “Se dejó en claro la intención de continuar con la empresa, lo cual era uno de los temas que generaba mayor incertidumbre”, indicó el dirigente tras las reuniones realizadas en San Antonio Oeste.

El conflicto arrastra al menos dos años de dificultades vinculadas a la caída del consumo y la reducción de la demanda, lo que impactó en la producción y derivó en un esquema de pagos desdoblados. Actualmente, los salarios se abonan en tres cuotas y se registran atrasos en adicionales, premios y otros ítems. A esto se sumaron medidas de fuerza ante incumplimientos de acuerdos firmados en el ámbito laboral.

En ese marco, la presencia del accionista —quien mantuvo encuentros con la gerencia, la comisión gremial y trabajadores— habilitó una instancia de intercambio directo para abordar temas operativos y salariales. Entre los puntos tratados se incluyeron la normalización de haberes, la situación de las obras sociales y prepagas, así como condiciones vinculadas al funcionamiento cotidiano, como el servicio de comedor, actualmente reemplazado por viandas.

Castillo señaló que la empresa inició una reestructuración interna centrada en niveles jerárquicos, sin afectar los puestos de trabajo del personal de convenio. “Hubo movimientos en la parte gerencial y de jefatura, pero se garantizó la continuidad laboral en planta”, afirmó. ALPAT cuenta con unos 450 trabajadores directos y cerca de 500 empleos indirectos vinculados a actividades complementarias.

Otro de los ejes abordados fue la capacidad productiva de la planta, que —según el gremio— se vio limitada en los últimos meses por el desgaste de los equipos. En ese sentido, se mencionaron nuevos contratos vinculados a la producción de insumos para litio, lo que implicaría un incremento en la actividad y la necesidad de ampliar la producción.

En relación a los compromisos asumidos, se estableció un plazo estimado de seis meses para avanzar en la normalización de la situación, incluyendo mejoras salariales, reinversión en infraestructura y regularización de prestaciones. Durante ese período, el accionista se comprometió a mantener presencia periódica en la planta para monitorear la evolución del proceso.

Por último, el dirigente gremial remarcó que si bien el escenario abre una expectativa, el seguimiento será clave. “Hoy son compromisos que deberán verificarse en el tiempo. Vamos a acompañar, pero también controlar que se cumplan”, sostuvo Castillo, en referencia a la situación que atraviesan las y los trabajadores de la empresa.