La suspensión de 82 artículos centrales de la reforma laboral impulsada a nivel nacional sumó respaldo político en Río Negro, donde un bloque legislativo presentó una iniciativa para acompañar la decisión judicial que dejó en pausa aspectos sustanciales de la normativa.

El posicionamiento fue formalizado a través de un proyecto de Comunicación impulsado por el bloque Vamos con Todos en la Legislatura provincial, en referencia al fallo dictado el 30 de marzo por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Ojeda. La resolución se dio en el marco de una acción colectiva promovida por la Confederación General del Trabajo (CGT), bajo la causa “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa”.

De acuerdo con lo establecido en la medida cautelar, la suspensión alcanza artículos de la ley 27.802 al considerar que existen derechos comprometidos y que su aplicación podría derivar en perjuicios de difícil reparación. El magistrado también planteó que la decisión busca aportar previsibilidad ante el escenario generado por la implementación de la norma.

Desde el bloque legislativo señalaron que el fallo se vincula con cuestionamientos que venían sosteniendo en torno al alcance de la reforma. En ese marco, el presidente de la bancada, José Luis Berros, expresó que la decisión judicial expone objeciones sobre la constitucionalidad de la iniciativa, así como su adecuación a tratados internacionales.

El proyecto también pone el foco en los artículos suspendidos que refieren a condiciones laborales, entre ellos aspectos vinculados a indemnizaciones, modalidades de financiamiento de despidos y regulaciones sobre el derecho a huelga. Según se indicó, estos puntos forman parte de los ejes principales alcanzados por la resolución judicial.

En la misma línea, se plantearon cuestionamientos al proceso legislativo que dio origen a la norma y a los sectores que acompañaron su aprobación en el Congreso. Berros sostuvo que la iniciativa responde a intereses que no contemplan las necesidades del conjunto de trabajadores y trabajadoras.

Por otro lado, el fallo hace referencia a la posible afectación del principio de progresividad en materia de derechos sociales, contemplado tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales con jerarquía constitucional. Este aspecto fue señalado como uno de los fundamentos centrales de la medida cautelar.

Finalmente, desde el bloque destacaron el rol de la Justicia y de las organizaciones sindicales en el desarrollo del proceso judicial, al tiempo que remarcaron la importancia de las instancias institucionales en la discusión de políticas vinculadas al ámbito laboral.