El Procurador General de la Provincia de Río Negro emitió un dictamen en el que aconseja al Superior Tribunal de Justicia rechazar una demanda presentada en el marco de un conflicto institucional en el municipio de Ingeniero Jacobacci. El pronunciamiento aborda una acción promovida por el Poder Ejecutivo local vinculada a la validez de ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante.

Según el dictamen, el planteo no configura un caso concreto, actual y efectivo de invasión de competencias entre órganos municipales. En ese sentido, se señala que no se verifican los extremos necesarios para habilitar la vía judicial elegida, ni se advierte un avasallamiento institucional por parte del órgano legislativo.

El análisis sostiene que las decisiones adoptadas por el Concejo Deliberante se encuadran en el ejercicio regular de sus funciones de control, deliberación y sanción normativa, propias del sistema democrático municipal. Asimismo, se indica que el mecanismo del conflicto de poderes no resulta procedente para dirimir desacuerdos de naturaleza política ni para cuestionar la política legislativa mediante acciones judiciales sin sustento jurídico suficiente.

El expediente tiene origen en una demanda impulsada por el Intendente municipal, quien había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de siete ordenanzas locales. La acción fue presentada inicialmente como una demanda de inconstitucionalidad y posteriormente reconducida por el Superior Tribunal de Justicia como un supuesto conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal.

El dictamen del Procurador General coincide con el informe presentado por la presidencia del Concejo Deliberante, patrocinado por una abogada, en el que se expusieron fundamentos jurídicos e institucionales en respaldo de la actuación del cuerpo legislativo. En ese informe se detallaron las competencias del Concejo y el alcance de las ordenanzas cuestionadas.

En el pronunciamiento también se deja constancia de que el planteo del Ejecutivo municipal no reúne los requisitos de admisibilidad exigidos para este tipo de acciones, al no acreditarse una afectación directa a las atribuciones propias del gobierno local. El análisis remarca la vigencia de la división de poderes en el ámbito municipal y la autonomía funcional de cada órgano.

El dictamen fue emitido por el Procurador General de la Provincia, Jorge Crespo, en el marco de la causa iniciada por el Intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, contra el Concejo Deliberante local. La intervención del Concejo estuvo encabezada por su presidente, Sergio Mirko Antehuil, con patrocinio letrado de Josefina González Elizondo. La definición final sobre la demanda corresponde al Superior Tribunal de Justicia.