El Tribunal de Impugnación analizó este miércoles en Cipolletti los argumentos presentados a favor y en contra de la sentencia que absolvió a cuatro personas acusadas por la privación ilegítima de la libertad y posterior muerte de Otoño Uriarte. La audiencia fue convocada para revisar el fallo que había revertido la condena dictada por el Tribunal de Juicio.

Durante la exposición inicial, la Fiscalía solicitó que la absolución sea revocada por considerarla arbitraria y que, en consecuencia, se mantenga firme la sentencia condenatoria del juicio oral. Sostuvo que el tribunal revisor no ponderó adecuadamente las conclusiones de pericias científicas ni la valoración realizada en torno a un elemento capilar incorporado como prueba.

El Ministerio Público señaló también que la revisión consideró inexistente la vinculación entre las personas imputadas y la adolescente, pese a la existencia de testimonios que, según la acusación, daban cuenta de esa relación. A esto sumó cuestionamientos a la conclusión del tribunal sobre la inexistencia de un plan para interceptarla, señalando declaraciones que situaban a la joven en bicicleta camino a la casa de una amiga y luego regresando a pie al no encontrar el rodado, que habría sido visto en la vivienda de una de las personas imputadas.

Para la Fiscalía, esos elementos constituyen una cadena de inferencias que debe ser analizada en conjunto, incluyendo actos previos, coincidencias temporales y conductas posteriores al hecho. En ese planteo, sostuvo que las personas acusadas conocían la rutina de la adolescente y que la sustracción de la bicicleta habría facilitado un cambio en su recorrido habitual hacia zonas menos transitadas.

La exposición fiscal también incorporó testimonios mencionados en el debate, entre ellos el de una mujer que afirmó que su pareja había vinculado a dos personas imputadas con el hecho. En este sentido, se destacó que el Tribunal de Juicio tuvo acceso directo e integral a las declaraciones, mientras que el Tribunal de Impugnación debió basarse en registros, una diferencia que —según la acusación— no fue considerada al momento de descartar indicios relevantes.

La querella acompañó el planteo del Ministerio Público y solicitó la nulidad del juicio. Señaló que, a diecinueve años del hecho, aún no existe una respuesta judicial definitiva para la familia de la víctima. Además, planteó que algunos elementos del caso podrían vincularse con delitos de desaparición forzada y trata de personas, lo que, a su criterio, justificaría la competencia federal.

Las defensas, por su parte, pidieron mantener vigente la absolución dictada por el Tribunal de Impugnación. Sostuvieron que el fallo revisor se ajustó a la valoración de la prueba sin arbitrariedades y que los agravios de la acusación no introdujeron nuevos argumentos que justificaran una revisión. En sus intervenciones, remarcaron el extenso trámite de la causa —que incluye sobreseimientos en distintos momentos bajo dos códigos procesales— y solicitaron que se rechacen los planteos fiscal y querellante.

El caso tuvo un extenso recorrido judicial previo. En noviembre de 2024 comenzó el juicio oral contra cuatro personas acusadas de privación ilegítima de la libertad agravada y muerte de la adolescente, hecho ocurrido el 23 de octubre de 2006 en Fernández Oro. Más de 80 testigos declararon durante las audiencias.

En febrero de 2025, un Tribunal de Juicio declaró responsables a los cuatro imputados. La Fiscalía solicitó prisión perpetua en marzo, y esa pena fue impuesta el 20 de ese mes. Sin embargo, en agosto el Tribunal de Impugnación revocó la condena al considerar inconsistencias en la valoración de pruebas consideradas centrales por la acusación.

Tras la audiencia de este miércoles, el Tribunal de Impugnación deberá resolver si mantiene la absolución vigente o si reabre el camino hacia la condena dictada en el juicio oral.