La Asociación Sindical de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur) confirmó que avanzará con distintas acciones judiciales y presentaciones ante organismos internacionales luego de que la Legislatura eliminara el aporte del dos por mil aplicado a las demandas judiciales, fondo que la organización sindical utilizaba para financiar parte del funcionamiento de la negociación colectiva. Así lo expresó el dirigente Pablo Barreno, quien cuestionó el proceso legislativo y advirtió que la medida implica un “vaciamiento” del sistema paritario.
Barreno explicó que la sorpresiva inclusión del proyecto en el temario impidió al gremio realizar acciones de protesta durante el tratamiento en segunda vuelta. Señaló que la incorporación del expediente “a último momento” dificultó la organización de una respuesta y ejemplificó con antecedentes similares ocurridos durante la feria judicial de 2024.
Según detalló, la eliminación del 2×1000 se suma a la previa modificación de la ley orgánica judicial, que había cambiado el destino del aporte para financiar la paritaria. El dirigente afirmó que estas decisiones configuran “prácticas desleales” que afectan la negociación colectiva, amparada por convenios internacionales que tienen rango constitucional en el país desde la reforma de 1994.
En ese sentido, Barreno indicó que Sitrajur evalúa promover acciones judiciales pese a considerar que existe “falta de jurisdicción”, dado que —según planteó— el propio empleador impulsó la norma que elimina el financiamiento. Por ello, remarcó que el sindicato ya había realizado una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que también recurrirá a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde existen antecedentes favorables sobre la vigencia de instancias paritarias para trabajadores judiciales.
El dirigente sostuvo que la eliminación del aporte afecta específicamente el financiamiento de las paritarias de condiciones laborales, salariales y de resolución de conflictos individuales o colectivos. En su análisis, la medida constituye un intento de “disciplinamiento” hacia el sindicato y un retroceso en la institucionalización de la negociación colectiva alcanzada en los últimos años.
Barreno también recordó que los convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT garantizan la libertad sindical, el financiamiento interno de las organizaciones y la negociación colectiva en el sector estatal, y que al contar con rango constitucional su cumplimiento resulta obligatorio para el Estado nacional y los gobiernos provinciales.
Para el gremio, la eliminación del 2×1000 impacta de manera directa en esas garantías. Por ello, aseguró que continuarán las gestiones en tribunales y ante organismos internacionales con el objetivo de revertir la medida y resguardar la autonomía sindical y el funcionamiento de las paritarias en el Poder Judicial rionegrino.
5 diciembre 2025
Gremiales