En una votación mayoritaria, la Legislatura de Río Negro dio media sanción al proyecto que elimina un aporte obligatorio que hasta ahora debían abonar quienes iniciaban demandas judiciales en la provincia. Se trata del 2 por mil sobre el monto de las causas contenciosas o voluntarias, que se transfería directamente al Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur). La medida fue respaldada por 34 legisladores, mientras que 9 votaron en contra.

El oficialismo justificó esta decisión señalando que se trataba de una carga que recaía sobre personas ajenas a la actividad sindical, sin recibir ninguna contraprestación por ese desembolso. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), quien sostuvo que se trataba de un “impuesto encubierto” que encarecía el acceso a la Justicia.

Mansilla explicó que el objetivo del proyecto es liberar a la ciudadanía de un costo que, en su opinión, no corresponde imponer desde el Estado en beneficio de una entidad gremial. “La Justicia debe ser lo menos gravosa posible y estar al alcance de todos”, afirmó la autora de la iniciativa, y agregó que el sindicato debe sostenerse con el aporte de sus afiliados.

Desde Juntos Somos Río Negro, el legislador Lucas Pica calificó el sistema como “anómalo” y remarcó que Río Negro es la única provincia que establecía una contribución de estas características. Aseguró que la recaudación por este concepto podría superar los 200 millones de pesos anuales, aunque aclaró que el gremio no informó cifras oficiales al respecto.

Durante el debate, también se argumentó que la existencia de este aporte desalienta el inicio de demandas, especialmente en los sectores con menores recursos. Legisladores como Santiago Ibarrolaza y Javier Acevedo resaltaron que eliminar el 2 por mil podría facilitar el acceso a la justicia para muchas personas que, ante los múltiples costos —tasa judicial, aportes al Colegio de Abogados y el bono a Sitrajur—, optan por no iniciar acciones legales.

Desde la oposición, las voces críticas apuntaron a un intento de disciplinamiento sindical. Magdalena Odarda (VcT), Leandro García (PJ-NE) y Ana Marks (PJ-NE) coincidieron en que la derogación perjudica directamente a los trabajadores judiciales, ya que los fondos del 2 por mil se utilizan para prestaciones sociales y de salud. Además, advirtieron que podría vulnerar derechos protegidos por convenios internacionales, como la libertad sindical y la negociación colectiva.

La iniciativa, que deberá ahora ser aprobada en segunda vuelta para convertirse en ley, podría sufrir modificaciones ya que algunos legisladores anticiparon que propondrán ampliar el alcance del proyecto para derogar también aportes similares que hoy se destinan a los Colegios de Abogados, como establece el artículo 135 de la Ley 5731.

El legislador Luciano Delgado Sempé cuestionó que no se avance con una reforma integral del sistema judicial y consideró que el proyecto forma parte de una avanzada contra las organizaciones gremiales. Por su parte, José Luis Berros afirmó que esta eliminación implica “quitar derechos” a trabajadores y trabajadoras, y que los verdaderos obstáculos para acceder a la justicia son las costas elevadas y la falta de respuestas en causas sensibles.

En tanto, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, cerró el debate afirmando que la eliminación de la contribución no busca perjudicar al sindicato, sino terminar con un “privilegio injustificado”. Señaló que los rionegrinos no deberían financiar con un porcentaje de sus juicios a una organización que no los representa ni les rinde cuentas.