La legisladora rionegrina Maricel Cévoli expresó su repudio y preocupación por el caso de difusión y venta de imágenes íntimas de mujeres y adolescentes de la Comarca Viedma-Patagones, a través de un grupo de Telegram que operaba con más de 80 integrantes. “Nuestra comunidad sufre nuevamente un ataque que pone en evidencia la vulneración constante que sufrimos como mujeres. La Justicia debe actuar con inmediatez y eficiencia”, señaló.

La causa, que ya investiga la Fiscalía N.º 3 de Viedma, reveló la existencia del grupo “Putitas Viedma y Patagones”, donde se intercambiaban y comercializaban fotos privadas sin consentimiento, algunas de las cuales corresponderían a menores de edad. Los investigadores avanzan sobre la presunta responsabilidad de Rodrigo Nicolás Mora y otros implicados, entre ellos un técnico en reparación de celulares sospechado de sustraer imágenes de los dispositivos.

Cévoli consideró que el caso “trasciende lo individual y configura un problema público y estructural de violencia de género en el entorno digital”. En ese sentido, sostuvo que “los hechos constituyen prácticas que humillan, degradan y cosifican a las mujeres, atentando contra su integridad emocional, su vida privada y su derecho a decidir sobre su propia imagen”.

La legisladora advirtió que “en tiempos donde la tecnología atraviesa todos los ámbitos de la vida social, resulta inadmisible que las mismas herramientas que amplían derechos y comunicación se conviertan en dispositivos de control, exposición y violencia”. Y agregó que el silencio social frente a estos delitos “solo perpetúa la violencia estructural que sostiene las desigualdades de género”.

Finalmente, Cévoli destacó el acompañamiento que brinda la Comisión de Mujeres y Disidencias (CODEMU) a las víctimas. “A través de su escucha activa, las mujeres pueden comprender lo que está ocurriendo y actuar con rapidez para frenar el daño. Es fundamental que las organizaciones sigan articulando con la Justicia y los organismos públicos para garantizar contención y acceso a derechos”, expresó.

El caso, que conmociona a la comunidad de la Comarca, vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de prevenir y sancionar la violencia digital y de fortalecer la educación con perspectiva de género y derechos humanos en todos los ámbitos.