El aumento de los robos y la falta de financiamiento estable para las juntas vecinales son dos de las preocupaciones que atraviesan al barrio Don Bosco. Su presidente, Ricardo Geri, confirmó que mantuvieron reuniones con autoridades de Seguridad y de la Policía para reclamar medidas preventivas, mientras avanza en el Concejo Deliberante un proyecto para crear un fondo destinado a las organizaciones barriales.

Sobre la situación de seguridad, Geri señaló que el barrio registró un incremento de hechos delictivos y que la preocupación crece cuando los episodios afectan directamente a los vecinos. “Nosotros no solamente nos hemos quedado en plantear el problema, sino que también hemos intentado tomar contacto con quien debe ocuparse de la cuestión y encontrar algunos caminos, sobre todo en materia preventiva”, explicó.

Hace menos de un mes, representantes vecinales se reunieron con el subsecretario de Seguridad Ciudadana y con el comisario de la jurisdicción. De acuerdo con Geri, ambos encuentros dejaron compromisos que esperan evaluar en una nueva reunión prevista para las próximas semanas.

Uno de los planteos estuvo dirigido al funcionamiento del sistema de emergencias 911. Geri indicó que las autoridades se comprometieron a aportar información sobre las denuncias registradas durante los últimos dos o tres años, para analizar cómo evolucionó la situación.

Pero el reclamo no se limita a contar con estadísticas. El dirigente vecinal sostuvo que el sistema debe cumplir un papel preventivo y no concentrarse únicamente en la intervención posterior a un delito. “De nada serviría contar con nuevas herramientas y avances tecnológicos en materia de seguridad si solamente sirven para después realizar la investigación posterior”, advirtió. Y agregó que el compromiso asumido apunta a que el 911 funcione como “un mecanismo fundamentalmente preventivo, es decir, que actúe antes de que suceda el ilícito”.

En cuanto a la Policía, el comisario de la Comisaría 30 les manifestó que se había incorporado un nuevo móvil, a partir de la reparación de otro vehículo, y que se avanzaría en el fortalecimiento del funcionamiento de motos y bicicletas.

Geri reconoció que la jurisdicción policial abarca una zona extensa, que incluye los barrios Don Bosco, Luis Piedrabuena, Guido, Inalauquen y Los Fresnos, además de Santa Clara hasta el sector de las cuchillas y un tramo de la Ruta Provincial 1 hasta el kilómetro 14. No obstante, señaló que esperan revisar los resultados de las medidas anunciadas.

Un fondo para las juntas vecinales

El otro reclamo que impulsa Geri junto con otras organizaciones barriales apunta al financiamiento de las juntas vecinales. Una docena de entidades elaboró una propuesta para instrumentar un fondo municipal que permita sostener sus actividades, construir sedes donde todavía no existen y mantener los espacios actuales.

El presidente de la junta de Don Bosco recordó que la obligación de brindar asistencia financiera está establecida en el artículo 138 de la Carta Orgánica Municipal, vigente desde 2010. “Después de 16 años, poco y nada se hizo al respecto”, cuestionó.

La iniciativa fue presentada originalmente por las juntas vecinales el 20 de agosto, durante el aniversario del vecinalismo viedmense. Tras una primera reunión con la comisión de Asuntos Vecinales del Concejo Deliberante, el tema no tuvo avances inmediatos. Finalmente, el concejal Julián Algañarás tomó la propuesta y la presentó formalmente el 8 de octubre como proyecto de ordenanza, con modificaciones surgidas de reuniones con las organizaciones y funcionarios municipales.

Geri sostuvo que el planteo busca pasar de los anuncios generales sobre el fortalecimiento del vecinalismo a un mecanismo concreto de financiamiento. “Creo que la realidad dista mucho de lo declarativo. Por un lado, se habla de la importancia de las juntas vecinales, pero por otro lado, se hace muy poco en los hechos”, expresó.

El proyecto propone destinar al fondo el 1,5% del presupuesto municipal de gastos y recursos, contemplando tanto los ingresos propios como los provenientes de la coparticipación. De acuerdo con las estimaciones de las juntas vecinales, esa proporción representaría alrededor de $850 millones.

La propuesta contempla distribuir los recursos en distintas líneas. Un 30% se destinaría a construir sedes para las juntas que todavía no cuentan con un espacio propio. Según Geri, de las 30 juntas vecinales de Viedma, diez carecen de sede, entre ellas la del barrio Don Bosco.

El dirigente explicó que se proyectan espacios de alrededor de 70 metros cuadrados, con sanitarios, una pequeña cocina y un aula taller. La intención es avanzar progresivamente para completar las sedes faltantes en un plazo estimado de cuatro a cinco años.

“Necesitamos avanzar en concreto, que el propio presupuesto año a año establezca con qué recursos se van a contar para la construcción de las sedes”, planteó. Para esa línea de trabajo, estimó una inversión anual de entre $180 millones y $190 millones, mientras que otra parte de los recursos se destinaría al mantenimiento de las sedes existentes.

El esquema también prevé fondos para el funcionamiento cotidiano de las organizaciones y una distribución del remanente que tenga en cuenta las características de cada barrio. Entre los criterios propuestos figuran la cantidad de electores, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el nivel de infraestructura disponible.

Por eso, la distribución no sería igual para todas las juntas, sino proporcional a esos parámetros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 138 de la Carta Orgánica.

La relación con el Presupuesto Participativo

Geri diferenció el fondo financiero que reclaman las juntas del Presupuesto Participativo, contemplado en el artículo 139 de la Carta Orgánica. Mientras este último permite canalizar propuestas de obras o mejoras barriales, el fondo apunta a garantizar recursos previsibles para el funcionamiento de las organizaciones y el cumplimiento de sus tareas. “Nosotros queremos fortalecer las juntas vecinales a través de lo que establece el 138 de la Carta Orgánica, que habla de la necesidad del aporte financiero, donde dice que el municipio asistirá financieramente a las juntas vecinales”, explicó.

El dirigente sostuvo que ambos mecanismos deben articularse, pero que no puede darse por resuelta la cuestión del financiamiento con la existencia del Presupuesto Participativo. Para las organizaciones, conocer de antemano con qué recursos contarán es una condición para planificar y concretar las iniciativas que presentan.

En ese sentido, el proyecto propone que los montos queden establecidos cada año en el presupuesto municipal y que las reglas de asignación sean claras y previsibles. “Este es un tema que merece un debate profundo en el conjunto de la sociedad, porque esto nos interesa a todos”, afirmó Geri. Y concluyó que el objetivo es avanzar en un fortalecimiento institucional que “no quede solamente en la retórica, sino que se manifieste específicamente en los hechos”.