El histórico paritario y referente de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Luis Rosas, cuestionó la falta de espacios de diálogo entre el Gobierno provincial y los gremios, y respondió a las declaraciones recientes de la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, sobre sanciones y funcionamiento interno de la administración pública.

Rosas sostuvo que el Ejecutivo toma decisiones sin un debate real con los sindicatos. “Podemos discutir de política, de fútbol o de gestión, pero lo que no podemos hacer es debatir en serio las cuestiones laborales. No porque no queramos, sino porque nunca se da la posibilidad”, afirmó.

El dirigente gremial planteó que las negociaciones salariales deberían ser públicas, para que los trabajadores conozcan de primera mano cómo se defienden sus intereses. “He pedido muchas veces que las discusiones salariales sean abiertas. Así todos podrían ver cómo se representa a los trabajadores y qué ofrece la Función Pública. Pero eso nunca sucedió”, explicó.

Rosas también recordó el episodio ocurrido a fines del año pasado, cuando casi 500 trabajadores del servicio de apoyo fueron despedidos y luego reincorporados. “En diciembre y enero llegaron 480 despidos. El Gobierno dijo que estaban bien echados, pero fue un error. Tuve comunicación directa con el ministro de Gobierno, Fabián Gatti, y le envié documentación que demostraba que nada de lo que se había dicho sobre esos compañeros era cierto. Finalmente, todos fueron reincorporados”, relató.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente de UPCN cuestionó que la Junta de Disciplina no integre representantes gremiales y denunció el incumplimiento de la Ley de la Función Pública. “La Junta de Reclamos nunca se puso en funcionamiento. Es una obligación que marca la ley, pero el Gobierno no la aplica. Tampoco hay presencia sindical en la Junta de Disciplina, y eso agrava los problemas de defensa laboral”, señaló.

Rosas advirtió además que persisten situaciones de violencia laboral en distintos organismos públicos y que los mecanismos creados para abordarlas “no están funcionando como deberían”. “No sé si existen realmente las Secretarías de Violencia Laboral en todos los ministerios, como dice la Función Pública. Hay denuncias recientes y los funcionarios siguen en sus cargos. Alguien tiene que asumir esas responsabilidades”, sostuvo.

Por último, Rosas reiteró su voluntad de debatir públicamente con funcionarios provinciales sobre políticas salariales y condiciones laborales. “Me encantaría poder tener una mesa de debate abierta, sin ocultar nada. Los trabajadores merecen saber cómo se toman las decisiones que afectan su vida cotidiana. Llevamos décadas con las mismas leyes sin corregir los errores, y eso tiene que cambiar”, concluyó.