La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un pedido formal al Gobierno de Río Negro y a la Secretaría de la Función Pública para que se adopten medidas que aseguren el cumplimiento efectivo del cupo laboral para personas con discapacidad en la administración pública.

El gremio sostiene que la obligación legal establecida a nivel nacional no se cumple de manera plena en la provincia. Además, señala que en los organismos donde se observa un nivel de aplicación, el proceso no se desarrolla en forma correcta, lo que afecta las condiciones de acceso e inclusión de las y los trabajadores.

ATE fundamenta su planteo en la Ley nacional 22.431, conocida como Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 8° establece que el Estado debe garantizar un cupo no inferior al 4% de personas con discapacidad en la planta de personal. La provincia adhirió a esta norma a través de la Ley Provincial 2055, que a su vez extiende la obligatoriedad del cumplimiento a los municipios.

En su presentación, el sindicato recordó que existen normas complementarias que refuerzan este derecho y remarcan la necesidad de que se apliquen de manera integral, respetando tanto la cantidad como la calidad del empleo.

ATE también solicitó a la Secretaría de la Función Pública que informe sobre el estado actual de la aplicación de la ley en Río Negro. El objetivo es conocer el grado de avance y exigir que se arbitren las medidas necesarias para garantizar el acceso igualitario de personas con discapacidad al empleo estatal, en línea con la legislación vigente.