En Río Negro, más de un tercio de los empleados del Poder Ejecutivo registran retenciones en sus haberes por compromisos de pago vinculados a préstamos personales. Los datos, difundidos por Diario Río Negro, provienen de la contestación del Ministerio de Hacienda a un pedido de informes presentado en la Legislatura.

Según la documentación oficial, en julio 18.921 agentes sufrieron descuentos en sus salarios, lo que equivale a aproximadamente el 35% de la planta del Ejecutivo. En total, las deducciones sumaron cerca de 7.900 millones de pesos y el monto promedio por agente supera los 417.000 pesos.

La solicitud de informes, presentada en marzo pasado, fue firmada por legisladores de diferentes bloques: los libertarios Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza y César Domínguez; y los peronistas José Luis Berros, Ayelén Sposito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabian Pilquinao. Ese pedido motivó las distintas respuestas parciales de áreas del Ejecutivo que hoy conforman el expediente.

Hacienda detalló además que existen 14 «entidades de descuento para préstamos personales» habilitadas con código de descuento. Entre ellas figuran: Mutual del Valle (AMVI), ATE, UPCN, UnTER, Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), Mutual del Magisterio, Mutual de la Policía (Mupol), Banco Patagonia, Cooperativa Euroamericana, Federación de Mutuales Rionegrinas, Credit Now SA, MEPUC (Mutual Empleados Públicos Unidos por el Cambio), Mu.Re.Sur (Mutual de la Región Sur) y la Asociación Personal del Banco de Río Negro. El informe aclara que algunas mutuales actúan como intermediarias de financieras que no tienen códigos propios.

El análisis por sectores muestra que las mayores incidencias se concentran en porteros y en la Policía: el 67% de los porteros registra retenciones y casi la mitad de los policías están alcanzados por descuentos. En Educación, 6.109 docentes (26% del total docente) y 3.288 agentes de servicios de apoyo (porteros) registran retenciones; en la cartera de Salud, 2.434 agentes resultan alcanzados —con un 46% en empleados bajo la ley 1844 y un 22% en profesionales—. Los montos medios sectoriales oscilan entre los 412.000 y 480.000 pesos.

El expediente vuelve también sobre un decreto de 2018 (N° 1485) que proponía un tope de retención del 50% del haber neto, tope que fue suspendido en 2020 por el decreto 1186/20 ante la imposibilidad de implementar un «Centro de Autorización» y un sistema informático de control. Hacienda señaló que los montos transferidos a las entidades varían según la disponibilidad en los haberes de cada agente.

Las prácticas de retención vienen siendo objeto de cuestionamientos públicos y judiciales. En 2023, un fallo de la jueza civil de Roca, Agustina Naffa, detectó irregularidades en operaciones vinculadas a la UPAM y a un grupo de financieras de Santa Fe, y condenó a esas entidades por daños a una agente policial.

El expediente seguirá su trámite en la Legislatura mientras los firmantes del pedido y otras bancadas analizan las respuestas parciales remitidas por las distintas áreas del Ejecutivo, incluida la última contestación del ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, que concentra la mayoría de las liquidaciones.