El 4,21% de aumento para los estatales rionegrinos generó una dura reacción de UPCN, que cuestionó el resultado de la actualización salarial y sostuvo que el porcentaje no alcanza para evitar una pérdida real de poder adquisitivo. El sindicato puso el foco en el desfasaje entre los precios y los salarios y apuntó directamente contra el Gobernador Alberto Weretilneck y el Secretario Nacional de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

La Comisión Directiva de UPCN Río Negro calificó como una “falacia” afirmar que con ese porcentaje los trabajadores “no pierden” y sostuvo que detrás de esa interpretación existe un ajuste que termina impactando sobre los ingresos.

El cuestionamiento aparece luego de conocerse los nuevos índices de inflación que se utilizan para determinar la actualización. Para el cálculo salarial, el Gobierno toma un promedio bimestral entre el IPC del INDEC y el índice de precios correspondiente a Viedma, mecanismo que terminó arrojando el 4,21% que se incorporará a los haberes.

Pero para UPCN, la discusión no se agota en la cuenta. El gremio apuntó al desfasaje temporal: el aumento que se cobrará en agosto toma como referencia una inflación que ya golpeó los bolsillos durante junio y julio.

La crítica es directa: durante esos dos meses, los trabajadores compraron con precios actualizados pero cobraron con el salario anterior. Y ese deterioro, planteó el sindicato, no desaparece porque un mes después se incorpore al sueldo un porcentaje equivalente a la inflación tomada para el cálculo.

A esto se suma, de acuerdo con UPCN, el comportamiento de los gastos que tienen mayor peso en el presupuesto familiar. El gremio sostuvo que la canasta básica, integrada por alimentos, tarifas y transporte, aumentó por encima del IPC promedio. Por eso, el 4,21% puede coincidir con una fórmula estadística, pero no necesariamente alcanza cuando llega la hora de pagar en el supermercado.

El sindicato también cuestionó la idea de que empatar la inflación implique recuperar el salario. Para UPCN, igualar los precios del pasado solo congela el sueldo en un nivel que ya fue deteriorado, sin recuperar las pérdidas acumuladas por decisiones salariales anteriores.

Ahí aparece el otro eje de la crítica: Weretilneck y Aguiar. El comunicado de UPCN habla directamente de “complicidad” entre el gobernador y el dirigente gremial, que acordaron esa pauta salarial, y sostiene que esa situación termina jugando en perjuicio de los trabajadores.

La acusación de UPCN apunta, de este modo, no solamente al porcentaje definido sino también a cómo se presenta el resultado de la negociación salarial. Para el sindicato, decir que los trabajadores no pierden porque el aumento coincide con el índice utilizado para la actualización desconoce el poder de compra que ya quedó atrás.

La discusión queda planteada entre la fórmula y el bolsillo. Mientras el cálculo oficial determina un 4,21% a partir del mecanismo acordado, UPCN sostiene que esa cifra no contempla lo que los trabajadores dejaron de comprar durante los meses en que los precios subieron antes de que el aumento llegara al sueldo.

“La matemática del Gobierno cierra en las planillas oficiales, pero la pérdida la sigue pagando el bolsillo del trabajador”, concluyó el gremio en el comunicado difundido con una crítica que también alcanza a quienes, desde el oficialismo y el sindicalismo, quedaron asociados al resultado de la actualización.