El presidente Javier Milei vetó este lunes los proyectos de ley que disponían un aumento en las jubilaciones, la recomposición de la moratoria previsional y la declaración de emergencia para el área de discapacidad. La medida fue formalizada a través del decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Se trata del segundo veto presidencial sobre aumentos jubilatorios desde el inicio de la gestión libertaria. La decisión afecta directamente a millones de beneficiarios del sistema previsional y a personas con discapacidad que dependen de prestaciones del Estado.

Según fuentes legislativas, los proyectos vetados fueron firmados por el Presidente el viernes por la noche. Ahora, para que las leyes puedan entrar en vigencia, el Congreso debe insistir con su aprobación por mayoría especial en ambas cámaras. Si bien en el Senado el respaldo fue contundente —52 votos afirmativos y solo 4 abstenciones—, el panorama en Diputados es más incierto, dado que allí los márgenes fueron más ajustados.

El paquete de medidas rechazadas por el Ejecutivo incluía un aumento extraordinario del 7,2% a las jubilaciones en todos los niveles, la suba del bono mensual previsional de $70.000 a $110.000, y la reactivación de la moratoria que permitía acceder a una jubilación a trabajadores mayores de 65 años sin los 30 años de aportes requeridos. Dicha moratoria había vencido en marzo y no contaba con reemplazo hasta ahora.

En el caso de la ley de emergencia en discapacidad, el proyecto preveía garantizar fondos hasta diciembre de 2027 para asegurar los pagos a prestadores como enfermeros, acompañantes terapéuticos y transportistas. Además, proponía restablecer y agilizar el proceso de aprobación de pensiones no contributivas, actualizar los montos de referencia (que en junio alcanzaban los $213.286,50) y aumentar las remuneraciones para personas con discapacidad empleadas en talleres protegidos, que perciben $28.000 mensuales desde febrero de 2023.

Pese al amplio respaldo que obtuvieron las iniciativas en el Senado, fuentes legislativas anticiparon que los vetos no serán tratados en la sesión de la Cámara de Diputados convocada para el próximo 6 de agosto. En esa jornada, se prevé que la agenda opositora incluya el financiamiento universitario y fondos para la salud pediátrica, en un contexto de reiteradas movilizaciones de jubilados y personas con discapacidad en las inmediaciones del Congreso.

El veto presidencial generó críticas de diversos sectores sociales y políticos, y reavivó el debate sobre el alcance del ajuste fiscal. Mientras el Gobierno defiende su política de equilibrio de cuentas públicas, desde la oposición advierten que el costo lo pagan los sectores más vulnerables. El desenlace estará ahora en manos del Congreso, que deberá decidir si insiste con la sanción de las leyes o convalida el rechazo del Ejecutivo.