El diputado nacional por Río Negro Marcelo Mango (Fuerza Patria) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para conocer el estado actual, el financiamiento y el nivel de ejecución de las políticas públicas de género previstas en el Presupuesto Nacional 2026. La iniciativa, impulsada a partir de una propuesta de la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, apunta a obtener precisiones sobre la continuidad de programas tras el cierre del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

El proyecto solicita información detallada sobre qué ocurrió con los programas que dependían de esa cartera y cómo continúan funcionando las políticas destinadas a la prevención y atención de la violencia por motivos de género luego de su desmantelamiento. El eje está puesto en conocer partidas asignadas, grado de ejecución y alcance territorial, especialmente en la provincia de Río Negro.

En declaraciones difundidas tras la presentación, Mango señaló que el cierre del Ministerio y la falta de información pública sobre el destino de los programas generan preocupación. El legislador sostuvo que el planteo busca evitar el desfinanciamiento de herramientas estatales orientadas a la protección y el acompañamiento de mujeres y personas de la diversidad que atraviesan situaciones de violencia.

Entre los puntos incluidos en el pedido de informes figuran detalles sobre el funcionamiento de la Línea 144, el Programa Acompañar y los dispositivos territoriales de atención integral. Además, se requieren datos específicos sobre los recursos que se ejecutan en Río Negro, con el objetivo de evaluar el impacto de la reorganización administrativa en los municipios de la provincia.

La iniciativa surge de un trabajo articulado con la intendenta María Emilia Soria, en el marco de una preocupación compartida por las posibles consecuencias de los recortes presupuestarios en el ámbito local. En ese sentido, Mango planteó que las modificaciones en la estructura nacional pueden tener efectos directos en la capacidad de respuesta ante situaciones de violencia por motivos de género.

Finalmente, el legislador explicó que el pedido apunta a garantizar mecanismos de transparencia y control parlamentario sobre la utilización de recursos públicos destinados a estas políticas. El planteo se inscribe en el debate por la continuidad y alcance de las herramientas estatales vinculadas a la prevención, asistencia y acompañamiento en contextos de violencia, una problemática que continúa vigente en todo el país.