El sector taxista de Viedma mantiene abierto el debate sobre la posibilidad de solicitar una nueva prórroga para la antigüedad permitida de los vehículos, y este miércoles se llevará a cabo una reunión clave entre los titulares afectados para definir una posición común. Así lo confirmó el secretario general del sindicato de peones de taxis, Jorge Razzari.

Explicó que si bien en una primera instancia se evaluó la posibilidad de extender a 15 años la vigencia de los modelos, surgieron opiniones encontradas dentro del propio sector. “En la primera reunión se planteó pedir que el modelo vigente sea de hasta 15 años, pero después varios titulares y choferes no estuvieron de acuerdo. Algunos directamente no quieren la prórroga. Por eso, decidimos no avanzar hasta tener una definición colectiva”, señaló.

La ordenanza actual establece un límite de 10 años de antigüedad para los vehículos, aunque tras la pandemia se otorgaron prórrogas anuales por las dificultades económicas del sector. Según el relevamiento que maneja el gremio, 128 autos están en situación de vencimiento si no se concede una nueva extensión: 42 de ellos son modelos 2013, y los restantes corresponden a los años 2014 y 2015.

“Desde la pandemia para acá hubo una merma importante en la actividad. Aunque éramos esenciales, la rentabilidad se desplomó. Por eso muchos compañeros no pudieron renovar sus unidades y se fue prorrogando año a año. Ahora debemos decidir qué hacer con los vehículos que ya agotaron esas prórrogas”, explicó Razzari.

Además de la antigüedad de los vehículos, otro de los temas que preocupa al sector es el costo y la frecuencia de la RTO (Revisión Técnica Obligatoria), que el municipio exige realizar hasta cuatro veces por año como condición para extender el modelo. “Eso tiene un costo y no todos lo pueden afrontar. Se supone que es para garantizar seguridad, pero a veces se vuelve una carga difícil de sostener”, advirtió.

Razzari también se refirió al problema del transporte informal y clandestino, que según denunció, involucra incluso a choferes de taxis que, fuera de su horario laboral, utilizan vehículos particulares para levantar pasajeros. “Sabemos que hay compañeros que salen con sus autos particulares y ofrecen servicio fuera del sistema. Es algo que vemos a diario. La gente busca precios más baratos, y el trabajador necesita generar ingresos. Pero eso perjudica a todo el sector”, afirmó.

En cuanto a la posible legalización de plataformas como Uber o Cabify, Razzari expresó un fuerte rechazo: “Nosotros estamos en contra. Estas aplicaciones no tienen un domicilio legal claro, no toman choferes sino ‘socios conductores’, y no hay control real del Estado. Es una competencia desleal y desregulada”, aseguró.

Por ahora, el gremio decidió no invitar al intendente Marcos Castro ni al presidente del Concejo Deliberante Pedro Bichara hasta no tener una postura definitiva. “Queremos tener bien claro qué queremos pedir antes de presentarlo formalmente. Si es necesario hacerlo por ordenanza o como decisión del Ejecutivo, lo definiremos después. Pero primero tenemos que ordenar nuestras propias ideas”, dijo Razzari.

Finalmente, el dirigente reconoció que no todos los vehículos están en condiciones óptimas para acceder a una prórroga. “Hay autos que cumplen con la verificación técnica, pero tienen problemas estéticos o de desgaste. No podemos pedir una extensión sin asegurar que las unidades estén en condiciones. Eso también lo vamos a revisar en esta próxima reunión”, concluyó.

El encuentro previsto para este miércoles será determinante para conocer la postura del sector, que atraviesa un momento de incertidumbre y fuerte presión económica, en un contexto de cambios en las dinámicas de transporte urbano y competencia creciente de servicios informales.