Tras la intimación formal presentada al Poder Judicial para que reabra la discusión salarial, y vencido el plazo de 48 horas sin respuesta, trabajadoras y trabajadores nucleados en el sindicato judicial iniciarán este miércoles una retención de servicios a partir del mediodía. Habrá ademas nuevas asambleas para ver cómo sigue el reclamo la semana que viene.

La medida fue definida por la Comisión Directiva Provincial luego de que el pasado viernes 16 de mayo no prosperara la audiencia paritaria. En esa oportunidad, la representación judicial encabezada por Abel Peña no presentó propuesta salarial alguna. Como respuesta, el sindicato convocó a asambleas en toda la provincia donde se definió otorgar un último plazo para reabrir la negociación.

Desde el gremio explicaron que la falta de respuestas, sumada a las dilaciones administrativas y a lo que consideraron una ausencia de voluntad política para atender la pérdida del poder adquisitivo, llevó a resolver el inicio de acciones progresivas en defensa del salario y los derechos laborales del sector judicial.

Durante las asambleas se expresó un amplio rechazo a la actitud del Superior Tribunal de Justicia y un malestar generalizado ante lo que se percibe como un incumplimiento de los acuerdos paritarios, que –según remarcaron desde el gremio– tienen fuerza de ley y deben ser respetados.

Aunque se analizaron diversas alternativas de acción directa, se resolvió implementar medidas escalonadas, comenzando con una retención de servicios este miércoles, sin afectar completamente la actividad judicial. La prioridad, sostienen, sigue siendo la reapertura del diálogo.

En paralelo, y en el marco de la Jornada Nacional de Lucha convocada por diversos gremios estatales, las conducciones sindicales de los gremios judicial, docente y estatal participarán de una protesta conjunta frente al Ministerio de Economía, en la capital provincial. La movilización está orientada a rechazar las políticas de ajuste impulsadas por los gobiernos nacional y provincial, que según denuncian, se traducen en pérdida salarial y deterioro de las condiciones laborales.

En el documento conjunto que convoca a la jornada, las organizaciones expresan su rechazo a la ofensiva contra el derecho a huelga y la criminalización de la protesta, y llaman a reforzar la unidad de acción en defensa de las conquistas sindicales.

Mientras tanto, desde el sector judicial insisten en la necesidad de recomponer los haberes de manera urgente y aseguran que no permitirán que los salarios sigan siendo utilizados como variable de ajuste.