El ex intendente de El Bolsón y precandidato a conducir la UCR rionegrina Oscar Cacho Romera quedó imputado en una causa por corrupción durante su gestión por la venta irregular de terrenos municipales. En la causa además están procesados el ex director de Ingresos Públicos Roberto Francisco Rodríguez Bauzón y su hijo Mariano Rodríguez.
El fiscal de la Unidad Descentralizada de El Bolson, Francisco Arrien formuló los cargos contra Romera por los delitos de defraudación a la administración pública en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado; en el caso del segundo hecho imputado se sumó a lo anteriormente descripto el delito de falsificación de documento público.
Se le atribuyen según la acusación dos hechos; el primero de ellos ocurrido el 30 de junio del año 2011, en las oficinas de la Municipalidad de El Bolsón, en convergencia intencional con acuerdo de voluntades y en complicidad, junto a Rodríguez padre e hijo a quienes ya se les formularon cargos oportunamente por los mismos hechos, vendieron un lote de dominio privado municipal, mediante boleto de compraventa.
En concreto, los tres imputados, no contaban con autorización ni poder para disponer bienes en representación de la Municipalidad de El Bolsón, pues según la normativa vigente es facultad del Concejo Deliberante Municipal hacerlo por concurso o licitación, sin que las sumas percibidas por los imputados hayan ingresado a las arcas municipales.
El segundo hecho que se les atribuye se puede ubicar entre los meses de enero del año 2011 y marzo del 2012, en similares circunstancias y se le atribuye a los imputados la maniobra mediante la cual sin la debida autorización y contraviniendo la ley vigente, vendieron un bien de dominio del municipio, perjudicando el patrimonio de la Municipalidad de El Bolsón, puesto que la contraprestación que realizara la víctima nunca ingresó a la Municipalidad. Asimismo, se le atribuye a los imputados, haber confeccionado falsamente una Resolución del Poder Ejecutivo Municipal, evidenciándose la falsedad del instrumento público.
En cuanto a la calificación legal, en referencia al primer hecho, se ha configurado el delito de defraudación a la administración pública, artículos 174 inciso 5 en función del artículo 173 inciso 7, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario publico y peculado, de acuerdo a lo normado en los artículos 248 y 261 1er párrafo del Código Penal. En tanto que el segundo hecho, encuadra en los delitos de defraudación a la administración pública, peculado en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documento público, según el artículo 293 del Código Penal.
El fiscal Arrien presentó como sustento probatorio la denuncia, copias de Carta Orgánica, Organigrama Municipal, boletos de Compra Venta, recibos, testimoniales, informe efectuado por la Dirección de Tesorería de El Bolsón, entre otros.
El imputado acudió a la audiencia asistido por su defensor particular, quien no planteó objeciones a la formulación y tampoco al plazo unificado para llevar a cabo la investigación, de cuatro meses a partir de la presente audiencia.
El juez de Garantías Juan Martín Arroyo, dió por formulados los cargos, al observar que se cumplían todos los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos para ello. Otorgó ademas el plazo solicitado para la pesquisa preliminar.
29 diciembre 2025
Judiciales