En la Delegación de ésta ciudad son más de 80 los empleados precarizados, siendo en su mayoría operadores comunitarios e institucionales, psicólogos y asistentes sociales,
 
Todos los trabajadores que el Estado mantiene en negro y en situación completamente irregular cumplen funciones en los CAINAS, Hogares Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y Casa 16. También en la Residencia para la tercera edad Rosa Padín y el CADA. Forman parte de los programas Fortalecimiento Familiar, Libertad Asistida y Familia Solidaria y del dispositivo de los ECOS y las PUET.
 
Los trabajadores becados cumplen con las mismas obligaciones que aquellos que están en planta permanente, pero gozan  sólo de unos pocos derechos. Además, ni ellos ni sus familias cuentan con obra social,  seguro o ART. Tampoco perciben aguinaldo ni vacaciones pagas.

Otro reclamo fundamental de los sectores es la irregularidad y carencia edilicia de las diferentes áreas, la falta de recursos que permita dar respuestas a las familias bajo delicados y serios programas y la movilidad para que los trabajadores realicen los recorridos en los diferentes barrios de la ciudad. Esto hace que las familias que llegan bajo oficios desde los juzgados no obtengan un seguimiento como corresponde bajo la lectura de los trabajadores sociales y el resto de los equipos.

“La postura de éste Ministerio continúa violando y violentando los derechos de los trabajadores y sus familias”, manifestó Claudia Lara, Secretaria de Acción Social de ATE Seccional Alto Valle Este, “La política que esgrimen los gobernantes y la que mejor les sale es la del desamparo hacia los obreros y sus familias”, concluyó la dirigente.
 
Desde ATE se continúa reclamando la regularización de los contratos, el reconocimiento de título para profesionales de la Delegación, equipamiento adecuado y la puesta en condiciones de todos los lugares de trabajo.

Cabe recordar que la medida de fuerza llevada adelante por la entidad sindical, éste 29 de febrero, responde a la exigencia de un ingreso mínimo de $16.000 y un aumento salarial del 44% para el primer semestre del año a liquidarse en un sólo pago para la totalidad de los empleados públicos que dependen de Administración Central. El gremio tambien suma a las demandas de mejora salarial, el fin de la precarización laboral dentro del Estado, la inmediata regularización de todos lostrabajadores becados en los distintos ámbitos públicos,  el cese de las persecuciones laborales y sindicales en la provincia, el fin de la judicialización de la protesta social y el 82% móvil para todos los jubilados.