"Se trata se trabajadores que cuentan con más de 14 años de antigüedad y que la Casa de la Cultura, en acuerdo con los gobiernos provinciales, mantuvo bajo extrema precarización laboral hasta que ambas partes decidieron dejar de pagarles sus haberes mensuales cuando se iniciaba el año", indicaron.

Desde ATE también se denunciará penalmente a 50 socios de esa entidad que "firmaron un acta para prohibir directamente el ingreso de estos trabajadores a las instalaciones, más allá de su calidad de empleados, alcanzándolos la prohibición en su carácter de personas y vecinos de la ciudad".

Para el sindicato este accionar de medio centenar, sobre una cantidad de 1.600 socios que tiene la Casa, configura "un acto de grave discriminación prohibido por las leyes y configurando un delito penal".

"Son numerosos los incumplimientos y las mentiras de las autoridades locales y de los funcionarios provinciales de Cultura, quienes no sólo firmaron acuerdos, sino que en más de una oportunidad manifestaron que ya estaba todo solucionado, sin haber realizado una sola gestión al respecto", agregaron.

Por último, cabe destacar que la máxima autoridad de la Casa Ricardo Peinado, en anteriores conflictos, manifestó que "los trabajadores afectan el alto prestigio de la entidad que él conduce. Es evidente que un empleador que mantiene sin registrar a sus trabajadores durante más de una década y que no abona salarios durante casi un año, más que tener prestigio, debería ser condenado por tales acciones".

"Después de que hayan pasado 11 meses sin cobrar sus sueldos, esta es la única medida de reclamó posible. Los trabajadores están siendo intimados para ser desalojados de sus viviendas y ya han agotado todo tipo de ayuda que recibieron para poder subsistir. No podemos esperar más y ya no creemos en las promesas de Casa de la Cultura ni de los funcionarios provinciales", destacó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y completó: "En un hecho inédito en la ciudad, que un grupo de 50 socios firme un acta para prohibir el ingreso de algunas personas a la entidad es un hecho de grave discriminación, ya que la prohibición opera por sus cualidades personales como ideología, vestimenta o porque no resultan del agrado de quienes conducen la entidad. Vamos a avanzar en una denuncia penal porque esto es un delito".