Mientras que el viernes 2 de agosto la comisión Sala Acusadora archivó (por los votos de la mayoría oficialista) el pedido de juicio político al fiscal de Investigaciones Administrativas, Marcelo Ponzone “sin dar crédito a las denuncias realizadas por trabajadores y cuando la presiones y los aprietes a los empleados son constantes en este gobierno, nuestro proyecto duerme en comisiones y los legisladores del gobierno hacen oido sordo al reclamo de las víctimas de violencia laboral” aseguró la legisladora Agostino.

El proyecto del bloque, que comparte argumentos con una inciativa de la legisladora Magdalena Odarda, argumenta que la violencia laboral es un fenómeno que se viene acrecentando a pasos agigantados en el mundo del trabajo actual. “La complejización de las problemáticas cotidianas, el desempleo, las necesidades económicas, han provocado que las relaciones laborales sufrieran un marcado proceso de precarización, que desemboca de manera inevitable, en muchos casos, en notorios perjuicios para la parte más vulnerable del contrato” indicó Agostino.

La violencia laboral genera cuadros de tensión nerviosa, irritabilidad, ansiedad, depresión, entre otros problemas médicos. Al mismo tiempo, el hostigamiento dificulta el desempeño de las funciones del puesto y condiciona el desarrollo de las relaciones laborales. Además distorsiona el clima de confianza y respeto necesario para el desarrollo de las tareas propias del trabajo, aumenta el ausentismo, incrementando los costos laborales y legales; disminuyendo la productividad del personal.

Agostino aseguró que “el mobbing podría considerarse como una forma característica de estrés laboral, y muchas veces su origen está causado por las relaciones interpersonales que se establecen en cualquier empresa entre los distintos individuos”.

Agregó que “sin embargo, y en razón que la gran mayoría de las causas aún no se encuentran firmes, y teniendo en cuenta que se trata de una tendencia al menos novedosa en nuestro sistema, aún no existe un criterio unívoco al momento de determinar la existencia o no de violencia laboral, sino que se trata, hasta el momento, de una cuestión casuística, que deberá apreciarse inexorablemente en cada caso en concreto”.

En tal sentido la parlamentaria argumenta en sus fundamentos que “mientras tanto, y en el mismo sentido, se hace necesario crear un marco regulatorio que contenga esta incipiente realidad, fijando pautas y parámetros concretos que permitan distinguir con claridad y precisión aquellos actos que configuran la violencia laboral, de aquellos otros que no invaden la esfera jurídica del trabajador y que solamente versan sobre las facultades discrecionales que posee el empleador por su rol mismo, y que se cristaliza en la adopción de decisiones con plena autonomía, zanjando de esta manera esa zona gris que provoca numerosos trastornos a los juzgadores de turno”.

La iniciativa pretende la creación de una comisión integrada por representante de los tres poderes del Estado provincial, con la participación de un representante del gremio estatal mayoritario de la provincia, que será responsable de la sustanciación del procedimiento que se establece para la evaluación de cada caso.