El debate a la hora de tratar la suba del precio del pasaje de colectivos fue intenso y los principales protagonistas fueron el justicialista Matías Rulli y la radical Laura Ramos. Finalmente el proyecto fue votado por los cuatro ediles oficialistas y la peperreísta Nora Jofré, y rechazado por el PJ.

Un ‘encendido’ Rulli utilizó un sinnúmero de métodos de expresión para dejar un claro su rechazo a la iniciativa. “Lo rechazamos porque no tenemos información y porque hemos escuchado múltiples quejas de los usuarios”, dijo.

En el mismo sentido sostuvo que la empresa prestataria del servicio no respeta las frecuencias, los horarios y los pases gratuitos, entre otros aspectos.

Manifestó también que “no hay transparencia en la gestión empresarial” y puso como ejemplo la negativa de Carlos Balogh al pedido de instalar en los micros las máquinas que reemplacen a la compra del boleto en los colectivos o de los bonos en diferentes centros de venta. Al respecto Rulli expresó que lo hace “porque le conviene manejar dinero en efectivo, de otra forma tiene que tributar constantemente”.

Además, aseguró que hay un trato “bastante bravo” de los conductores hacia los usuarios.

“Si hay aumento tiene que mejorar el servicio. Pero eso no está en la ordenanza”, cuestionó y disparó: “Esto me hace pensar que hay compromisos asumidos y lealtades recíprocas con los empresarios”.

“Balogh no está pensando en el pueblo, sino en su propio bolsillo”, dijo y mencionó que el intendente “amenazó” con una posible “caída del servicio” si no se aprobaba el aumento del boleto.

“A la sociedad la conduce la política o la economía. En Viedma, este intendente que está recientemente elegido, pone el poder popular en favor de una empresa de transporte, porque este aumento sólo beneficia al sector empresarial”, finalizó.

Ramos fue la voz del oficialismo en el debate. “No vamos a entrar en el juego que se propone, que es el mismo del gobierno nacional, hablando de buenos y malos o de los que estamos en favor o en contra de la gente”.

Señaló que este aumento es “una adecuación que es responsabilidad gubernamental”.

Mencionó que el pedido de audiencia pública impulsado por el FPV es “un argumento demagógico” y “de alto grado de irresponsabilidad” que “conduciría a este mismo enfrentamiento que no vamos a permitir”.

“Estamos haciendo lo que nos compete, que es actualizar las tarifas y las tasas a los índices de inflación, pero no a los índices del INDEC sino a los de las góndolas”, remarcó Ramos.