La posibilidad de que se modifique o derogue el régimen de Zona Fría encendió señales de alarma en distintos sectores de la Patagonia, donde el costo del gas ocupa un lugar central en la economía cotidiana de miles de hogares. En Viedma, el rechazo quedó formalizado a través de un pronunciamiento del Defensor del Pueblo municipal, que cuestionó la intención del Gobierno nacional de avanzar con cambios sobre la Ley 27.637, normativa que establece subsidios diferenciales para regiones de bajas temperaturas.

El planteo fue expresado por el defensor Mariano Pérez Morando, quien sostuvo que el beneficio “no constituye un privilegio ni una concesión política”, sino una herramienta vinculada al acceso a derechos básicos en zonas de clima riguroso. Según indicó, en la Patagonia el gas natural “deja de ser un servicio de confort para convertirse en un recurso vital de supervivencia”.

La discusión se produce en momentos en que el Ejecutivo nacional impulsa un esquema de segmentación basado en ingresos, dejando atrás el criterio territorial que actualmente contempla descuentos automáticos en las tarifas para las provincias alcanzadas por el régimen de Zona Fría. Desde distintos sectores advierten que la medida podría impactar directamente en el valor de las facturas durante los meses de invierno.

En ese contexto, Pérez Morando remarcó que la ley vigente fue resultado de “años de gestiones colectivas” impulsadas por asociaciones de consumidores, defensorías y comunidades locales. También cuestionó la posibilidad de aplicar criterios uniformes para regiones con realidades climáticas diferentes. “Pretender legislar bajo un mismo esquema para zonas tan distintas implica desconocer desigualdades estructurales”, expresó.

Desde la Defensoría señalaron además que una eventual eliminación del beneficio podría generar mayores dificultades económicas para familias de sectores medios y trabajadores, especialmente en provincias del sur donde las temperaturas obligan a un consumo elevado de calefacción durante gran parte del año.

El posicionamiento de Viedma coincidió con el pronunciamiento de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que pidió revisar cualquier modificación sobre la normativa. El organismo planteó que la protección de usuarios y usuarias de servicios esenciales forma parte de las responsabilidades indelegables del Estado y reclamó preservar las herramientas legales vinculadas al acceso energético.

En el cierre del documento difundido públicamente, Pérez Morando sostuvo que “la energía en el sur argentino es sinónimo de vida” y consideró que los derechos vinculados al régimen de Zona Fría no deberían quedar sujetos a políticas de ajuste fiscal.