La ley 4796 regula el procedimiento para la atención sanitaria en los establecimientos asistenciales públicos, privados de la provincia, en caso de abortos no punibles. La misma fue sancionada el año pasado, por mayoría, en la legislatura rionegrina.

Las parlamentarias recordaron que “la sanción de la ley se produce luego de varios años de fuerte debate respecto a un tema tan importante en la vida de las personas, considerando fundamental el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante el cual los jueces dieron una clara interpretación del artículo 86, inciso 2 del Código Penal”.

Al referirse al caso de la niña abusada, explicaron que “el equipo de profesionales del Hospital López Lima atendieron a la niña a fin de interrumpir el embarazo, producto del abuso, en consonancia con el fallo”.

Resaltaron que “el accionar de los profesionales del hospital público una vez más demuestra que con pautas claras los procedimientos se pueden hacer correctamente y aplicando la experiencia de equipos conformados desde hace años, conocedores de la temática, como es el caso del área de Salud Sexual y Reproductiva”.

“Sería importante que nuestra provincia cuente rápidamente con la reglamentación de la ley 4796, lo que permitiría cerrar en esta instancia el proceso normativo”, opinaron las legisladoras.

Mencionaron que “el procedimiento realizado es digno de destacar en el caso de esta niña víctima de abuso, pero ello no nos debe hacer perder de vista el delito: el abuso, debemos continuar reclamando que la justicia actúe rápidamente estableciendo fuertes condenas a los abusadores, a fin que no se convierta en un delito cada vez más común”.

“Tanto el fallo como la ley 4.796, más allá de establecer los alcances del Código Penal en un caso y de regular el procedimiento para la atención sanitaria en los establecimientos asistenciales públicos, privados de la provincia, sin dudas que han fundado sus argumentos en los derechos que deben amparar a las niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones graves a consecuencia del abuso”, expresaron.

Milesi, Uría y Agostino señalaron que “no por repetido deja de ser importante rescatar que el fallo de la Corte Suprema es de una enorme trascendencia institucional y política”. “Entendemos que ya no será necesaria la discusión de proyectos parlamentarios que expliciten el alcance del artículo 86 del Código Penal, porque claramente este debate ha quedado zanjado con la jurisprudencia que sienta el fallo en cuestión”.

“Lo que no podemos dejar de tener en cuenta son los desafíos que se abren en esta misma línea de avance. Con todo el aporte que realiza esta nueva jurisprudencia, el gran debate legislativo pendiente es por la despenalización y legalización del aborto. Sin dudas que es una deuda pendiente”, expresaron.

“Si bien es competencia del Congreso de la Nación, es un debate que como sociedad debemos asumir; es una realidad que gran parte de nuestra sociedad demanda un abordaje profundo y responsable sobre el tema.
Poder avanzar en el debate será un signo no sólo de madurez política sino también de madurez ciudadana”, mencionaron para finalizar las legisladoras de la Concertación.