Consideró que este primer encuentro es sólo la apertura de un marco de debate que tiene que abrirse. Explicó que en Río Negro la modificación del Consejo de la Magistratura atañe a una enmienda constitucional por lo que se debe avanzar en un debate que se pueda plasmar en una mayoría y luego en una consulta popular.

Alentó a continuar con el debate “en la calle, en el barrio, en los centros comunitarios, en las escuelas, en los clubes, “porque se trata de poder incorporar a los sectores históricamente excluidos o víctimas para transformalos en actores participantes de lo que debe ser el Poder Judicial que queremos construir”.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Néstor Busso, celebró el debate porque con esta iniciativa “se está avanzando en la conquista de derechos”, propuso avanzar “en un cambio de modelo que impuso la dictadura militar y que en muchos aspectos continúa hasta hoy”.

Remarcó la participación ciudadana para que el tema se debata pública y abiertamente “en las plazas, en los centros comunitarios, en los barrios, en las escuelas y otros lados, como se hizo con la ley de servicios audiovisuales”.

Destacó la “claridad y valentía” de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para instalar el debate sobre “algo que parececía intocable”.

También expuso su visión el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, Omar Jurgeit. Destacó distintos aspectos del modelo de Consejo de la Magistratura de la provincia del Chubut, como alternativas para implementar en Río Negro.

Por otro lado, se refirió a “una crisis increíble del sistema judicial rionegrino durante 2011 y 2012 producto de una deplorable política estatal que permitió un descabezamiento del Poder Judicial de la provincia”. Habló de una responsabilidad política de los anteriores integrantes del Superior Tribunal de Justicia y de otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

También señaló la necesidad de que la Judicial sea una política de Estado, de que los integrantes de los tres Poderes del Estado introduzcan cambios e implementen modificaciones con visiones a corto, mediano y largo plazo, “lo que significaría un salto cualitativo en el modo en que abordamos y enfrentamos los problemas que tenemos todos los operadores del sistema judicial, que en definitiva repercuten en la sociedad”.

En cuanto a las prioridades, advirtió que no admiten demoras la cobertura de los cargos vacantes; la implementación de mecanismos de control que ya están vigente en el sistema judicial actual; la ampliación del debate sobre las cuestiones de la Justicia; y una mejor articulación entre la Justicia y los otros organismos que implementan las políticas públicas en materia de política criminal, de niñez, infancia y adolescencia, y cuestiones de género.

Más adelante tomó la palabra la integrante del Consejo de la Magistratura del Chubut, Mónica Köenigsder, quien detalló el funcionamiento del cuerpo en esa provincia. Entre otras cosas, explicó que el Consejo está integrado, también, por cinco representantes elegidos mediante elecciones generales. Además explicó las funciones de un Tribunal de Enjuiciamiento de jueces que prevé la Constitución de esa provincia y del sistema de control para revisar la actuación de jueces y magistrados.

También intervinieron en el debate los legisladores Arabela Carreras, Susana Diéguez, Roxana Fernández, Tania Lastra y César Miguel; el secretario general de CTA, Luis Giannini; el representante del sindicato de trabajadores judicales de Río Negro, Pablo Barreno; la presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, Adriana Zaratiegui; y la madre de Atahualpa Martínez y representante de familiares víctimas de “gatillo fácil” en Río Negro, Julieta Vinaya.

En el debate se coincidió en la necesidad de ampliar y abrir el debate a la sociedad sobre la democratización del Poder Judicial, de incorporar la cuestión de género, de implementar controles a los jueces, de evaluar los mecanismos y las instancias de selección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, de simplificar el lenguaje judicial para llegar a la gente, de que los jueces paguen impuesto a las ganancias, de que haya mayor transparencia en el sistema, entre otras cuestiones.