Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone actualizar el régimen de ética pública para ampliar la información patrimonial que deben declarar los funcionarios, digitalizar los mecanismos de control y establecer restricciones a la designación de familiares en cargos estatales. La iniciativa plantea modificar la Ley L Nº 3550, vigente desde el año 2000.

Entre los cambios previstos se encuentra la incorporación de nuevos activos a las declaraciones juradas, como criptoactivos, billeteras virtuales, instrumentos financieros complejos y participaciones societarias tanto en el país como en el exterior. La propuesta apunta a adecuar los controles patrimoniales a las nuevas formas de inversión y administración de bienes.

Otro de los ejes es la creación de un sistema digital integral, administrado por el Tribunal de Cuentas de Río Negro. La plataforma reemplazaría los procedimientos analógicos e incorporaría herramientas de trazabilidad, firma digital, ciberseguridad e interoperabilidad con otros organismos estatales.

El proyecto, que firman los legisladores Patricia Mc Kidd,  Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich, Daniel Sanguinetti, Marcela González Abdala y Martina lacour,  también establece que las declaraciones juradas patrimoniales deberán publicarse de manera obligatoria en formato digital, con datos abiertos y reutilizables, dentro de los 30 días posteriores a su presentación. La propuesta contempla resguardar los datos personales sensibles para proteger la seguridad de quienes realizan las declaraciones.

En materia de conservación documental, la iniciativa propone extender a diez años desde el cese de funciones el plazo de resguardo de los registros. El fundamento planteado es equiparar ese período con los plazos de prescripción penal vinculados con delitos contra la administración pública.

Restricciones para designar familiares

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la incorporación de una prohibición expresa para designar familiares de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo provincial. La restricción alcanzaría a parientes hasta el segundo grado, cónyuges y personas unidas por vínculos convivenciales con el gobernador, el vicegobernador, ministros y secretarios de Estado. El texto contempla excepciones para los casos en que exista un concurso público de antecedentes y oposición o cuando la persona ya cuente con estabilidad laboral previa.

La iniciativa busca establecer límites a las designaciones por vínculos familiares dentro de la administración pública y sumar herramientas para prevenir situaciones que puedan generar cuestionamientos sobre la transparencia en el acceso a cargos estatales. En conjunto, los cambios propuestos abarcan la declaración y publicación de bienes, los mecanismos de control patrimonial, la conservación de documentación y las condiciones para determinadas designaciones en el Ejecutivo.