En tal sentido, los parlamentarios solicitaron a la Justicia se formule el requerimiento de instrucción, y se ordenen las medidas pertinentes tendientes a la preservación de las pruebas existentes.

Los denunciados son el señor ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Río Negro, Fernando Vaca Narvaja; el secretario de Obras Públicos de la Provincia de Río Negro, Alejandro Oscar Echarren, “y/o contra quien o quienes resulten penalmente responsables del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en virtud de haber incurrido presuntamente en irregularidades en la contratación de obras escolares en el marco de los Programas “Puesta en Marcha 2013”, y “Obras Menores en Establecimientos Educativos 2013””.

La denuncia se basa en la falta de cumplimiento de las normas relacionadas con las contrataciones y administración de fondos públicos, como los artículos 30, 31, 86 ley 3186 de administración financiera y arts. 5, 21, 26, 27, 40 y 49 de la ley 286 de obras públicas; e intervención en su caso de los organismos de control.

La irregularidad denunciada está referida al Acta de Sorteo rubricada en Escritura Pública Nº 1 labrada por la escribana adscripta Guadalupe Santander, donde se deja constancia que de una selecta nómina de empresas se ha procedido a sortearlas entre sí para asignarles a las mismas el derecho a participar en una compulsa de precios.

La denuncia deja en claro además que si bien las obras en cuestión, por su monto, se encuentran dentro de la excepción prevista por el segundo párrafo del art. 9º  de la Ley 286, y su decreto reglamentario, también es cierto que nada de lo ejecutado por los denunciados se ajusta a las prescripciones de la referida normativa.  Más precisamente, la ley establece la invitación a las empresas, más no el sorteo de aquellas, previa inclusión de las mismas en una lista de selección.

Si bien el ministro Fernando Vaca Narvaja justificó este método en la necesidad de “garantizar la agilidad y transparencia de obras que deberán ejecutarse para el inicio del ciclo lectivo”, la misma queda desvirtuada cuando del acto de sorteo las propias empresas conocen a sus futuros competidores. “Es norma que en todo proceso de selección de oferente y contratante con el Estado debe primar el anonimato ente quienes a posteriori van a competir, pues de lo contrario se incrementan las suspicacias respecto de la autenticidad de los montos cotizados, alimentándose de este modo prácticas espurias reñidas con la legalidad de los actos públicos exigida por la ley”, indica la denuncia.

Por otra parte, la presentación judicial hace mención también a la falta de cumplimiento de los requisitos en los Concursos de Precios realizados por el Ministerio. Más precisamente, el decreto reglamentario prevé que el funcionario actuante deberá solicitar por lo menos tres cotizaciones distintas, las que serán presentadas en sobre cerrado indica el inciso b). De ello se colige que las invitaciones cursadas deben tener el carácter de confidencial y que las ofertas recepcionadas a sobre cerrado justamente vienen a confirmar tal carácter, cuestión que tampoco se cumple.

Obras sin contratos

Por otra parte, los legisladores radicales denunciaron la ejecución de obra pública sin la debida suscripción del contrato de obra. Las obras denunciadas comprenden la totalidad de las obras que abarcan los programas “Puesta en Marcha 2013”, y “Obras Menores en Establecimientos Educativos 2013”.

En tal sentido, se ha tomado conocimiento que las obras que comprenden los expedientes detallados en la planilla adjunta se encuentran en plena ejecución o ejecutadas, sin que a la fecha de interposición de la presente denuncia se haya concluido con el trámite administrativo de adjudicación. Por tal motivo, se solicita el secuestro de los expedientes apuntados a los fines de constatar las anomalías descriptas.

Se expresa en tal sentido que “con la ejecución de obras sin la correspondiente aprobación administrativa consumada, los funcionarios públicos involucrados han omitido deliberadamente la autoridad confiada por el decreto de su designación, perturbando el orden regular de la administración pública, habiendo concertado informal, irregular e ilegalmente con contratistas del Estado la práctica de obras de utilidad pública en los establecimientos educativos que conforman los Programas ‘Puesta en Marcha 2013’, y “Obras Menores en Establecimientos Educativos 2013”, echando por tierra no solo las disposiciones de la Ley J Nº 286, sino también las contenidas en la ley de Administración Financiera”.

“Esta práctica, al parecer de uso habitual por el nuevo gobierno provincial, merece la atención del Sr. Fiscal no solo en los funcionarios denunciados, sino también en las empresas contratistas que han aceptado el inicio de las obras sin la correspondiente contratación, toda vez que dicha conducta podría encuadrarse en alguno de los delitos tipificados por el Código Penal”, indicaron los parlamentarios de la oposición en la denuncia presentada.