La discusión por el lugar donde debe tramitar la causa por la presunta utilización de certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales tuvo una nueva audiencia en Viedma. La Defensa Pública volvió a cuestionar la competencia de los tribunales de la Primera Circunscripción Judicial y pidió que la investigación pase al Alto Valle.

El planteo fue expuesto por el defensor penal Pedro Vega, con el respaldo de las demás defensas, entre ellas las ejercidas por María Paz Álvarez y Graciela Carriqueo. La controversia alcanza a más de un centenar de agentes públicos investigados por la presentación de certificados presuntamente apócrifos, además de una médica y su marido, señalados como posibles partícipes necesarios.

Vega cuestionó que la causa continúe en Viedma porque, a su entender, no se precisó que las conductas investigadas hayan ocurrido en esta ciudad ni en otras localidades comprendidas dentro de la Primera Circunscripción Judicial. Sostuvo que los certificados habrían sido utilizados en las dependencias públicas donde trabajaban las personas investigadas.

Durante su exposición, que se extendió por más de una hora, el defensor distinguió los posibles lugares de consumación de los delitos investigados. Explicó que el uso de un documento falso se configura cuando se presenta ante la repartición correspondiente para justificar una ausencia laboral, mientras que una eventual defraudación al Estado se concreta donde se produce la disposición patrimonial.

A partir de ese razonamiento, afirmó que ninguna de esas circunstancias ocurrió en Viedma y remarcó que los certificados se habrían presentado en las dependencias donde las personas involucradas cumplían funciones.

También señaló que las principales medidas de investigación, entre ellas allanamientos, secuestros de elementos y recolección de pruebas, se realizaron en Cipolletti y General Roca. Agregó que tanto las personas imputadas como quienes podrían declarar como testigos pertenecen a esas jurisdicciones.

Otro de los argumentos de la Defensa Pública apuntó a la sede administrativa del Estado provincial. Vega rechazó que su ubicación en Viedma sea suficiente para determinar la competencia territorial y advirtió que aceptar ese criterio implicaría que todas las investigaciones por delitos contra la administración provincial debieran tramitar en la capital, sin importar dónde hubieran ocurrido los hechos.

El defensor también sostuvo que las reglas del Código Procesal Penal no habilitan a la acusación a elegir el tribunal que intervendrá. Por el contrario, planteó que esas normas buscan limitar el poder punitivo del Estado y resguardar los derechos de las personas imputadas y de las víctimas.

En ese marco, advirtió que mantener el expediente en Viedma podría afectar las garantías constitucionales del juez natural, la igualdad y la defensa en juicio. Como ejemplo, mencionó que un eventual debate podría requerir el traslado de alrededor de 120 personas hasta la capital provincial.

En la audiencia participaron 13 personas imputadas, entre ellas la médica y su marido, quienes están señalados como presuntos partícipes necesarios en los distintos legajos.

La Fiscalía busca mantener el expediente en Viedma

La acusación, representada en esta oportunidad por el fiscal Francisco Marano, volvió a rechazar los planteos de incompetencia territorial. Sostuvo que, aunque los hechos investigados se habrían desarrollado en distintas localidades de Río Negro, el perjuicio económico denunciado habría afectado las arcas de la Administración Pública provincial, cuya sede se encuentra en Viedma.

Marano argumentó que para establecer la competencia deben considerarse tanto el lugar donde se habría desplegado el presunto ardid como aquel en el que se produjo la disposición patrimonial. Además, señaló que la investigación comprende hechos atribuidos a personas que viven en distintas localidades y que algunas incluso fueron trasladadas de sus lugares de residencia, por lo que consideró que la ubicación actual de cada imputado no resulta determinante.

El fiscal también rechazó que las dificultades técnicas mencionadas por las defensas impidan continuar el proceso en Viedma. Afirmó que esos inconvenientes ya fueron subsanados y pidió que se desestime la excepción procesal. La Fiscalía de Estado, constituida como querellante, acompañó la postura del Ministerio Público y también solicitó que la causa permanezca en esta ciudad.

La definición llegará después de las audiencias

La discusión sobre la competencia territorial se mantiene desde las primeras jornadas del cronograma. En las audiencias anteriores, las defensas públicas y particulares sostuvieron que el expediente debería tramitar en el Alto Valle, mientras que la Fiscalía y la querella defendieron la continuidad del proceso en Viedma.

La resolución no se conocerá de inmediato. El juez de Garantías Adrián Dvorzak había anticipado que analizará los planteos de manera individual una vez que todas las personas imputadas hayan tenido la oportunidad de exponer sus argumentos.

La próxima audiencia está prevista para el miércoles 21 de octubre, a partir de las 8, con otros 17 imputados. La modalidad será híbrida, con participantes en Viedma y en el Alto Valle. En esa jornada, el defensor Camilo Curi presentará una nueva excepción procesal.

Una vez completadas las audiencias, el juez deberá resolver la controversia sobre la competencia territorial. Esa decisión determinará qué tribunal continuará interviniendo en la investigación, antes de avanzar con las siguientes etapas del proceso penal.