La causa que investiga la utilización de certificados médicos presuntamente apócrifos por parte de más de un centenar de efectivos de la Policía de Río Negro comenzó a transitar su etapa judicial en Viedma, en un expediente que además involucra a una profesional médica y a su esposo por supuestos delitos vinculados al uso de documentación falsa y fraude contra la administración pública.

Durante una audiencia realizada en la capital provincial, se informó que el proceso tuvo su primer paso formal con la convocatoria para la formulación de cargos. Sin embargo, debido a la cantidad de personas involucradas y a que gran parte de ellas participó de manera virtual desde distintas localidades, el juez Adrián Dvorzak resolvió reprogramar las imputaciones y dividirlas en grupos de aproximadamente 20 personas.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en junio de 2024 por el gobernador Alberto Weretilneck, a través de la Fiscalía de Estado. La causa apunta a determinar la responsabilidad de más de 100 integrantes de la fuerza policial que habrían presentado certificados médicos irregulares para justificar inasistencias laborales.

De acuerdo con los antecedentes incorporados al expediente, las presuntas maniobras fueron detectadas en el marco de controles de ausentismo impulsados por la Secretaría de la Función Pública, que permitieron identificar patrones repetidos en la emisión de licencias médicas.

La pesquisa también analiza la actuación de profesionales que habrían otorgado certificados de manera sistemática. Entre los datos relevados durante la investigación se mencionan casos en los que un mismo médico habría extendido licencias por una cantidad acumulada cercana a los 2.000 días, situación que derivó tanto en denuncias penales como en sumarios administrativos.

Desde el ámbito provincial sostienen que los hechos bajo investigación podrían haber generado un impacto económico para el Estado y afectar el funcionamiento de servicios públicos vinculados a la seguridad. En ese contexto, las actuaciones judiciales buscan establecer si existió una maniobra organizada para justificar ausencias mediante documentación irregular.

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, participó de la audiencia y señaló que las medidas adoptadas apuntan a respaldar a quienes cumplen regularmente con sus funciones dentro de la administración pública. La funcionaria indicó además que, de comprobarse las acusaciones, se trataría de efectivos que no se encontraban prestando servicio mientras registraban licencias médicas cuestionadas.

Por el momento, el proceso continuará con las nuevas audiencias de formulación de cargos organizadas por tandas. La modalidad fue definida por el magistrado para garantizar que cada una de las personas imputadas pueda conocer con precisión los hechos que se le atribuyen y ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

La causa se encuentra en una etapa inicial y será la investigación judicial la que determine si los hechos denunciados constituyen delitos y cuál es la eventual responsabilidad de cada una de las personas involucradas.