Miles de afiliados y afiliadas de PAMI comenzaron este miércoles a sentir las consecuencias de la decisión adoptada por clínicas y sanatorios privados de la Patagonia, que suspendieron la atención de consultas de guardia por falta de acuerdo con la obra social nacional en torno a la actualización de aranceles. Los establecimientos continúan atendiendo únicamente emergencias médicas, mientras crece la preocupación por el acceso a la atención sanitaria de las personas mayores.

La medida fue comunicada por prestadores privados de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, que argumentaron que los valores que perciben por las prestaciones registraron una pérdida significativa frente a la inflación acumulada en los últimos años. Sostienen que las negociaciones mantenidas con las autoridades de PAMI no permitieron alcanzar una recomposición que garantice la sustentabilidad económica de los servicios.

En ese contexto, el diputado nacional Marcelo Mango expresó su preocupación por la situación y cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional en materia sanitaria. El legislador señaló que los principales afectados por el conflicto son los jubilados y jubiladas que dependen de la cobertura de la obra social para acceder a consultas, controles y tratamientos.

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Mango recordó que en febrero impulsó junto a otros representantes patagónicos una iniciativa en la Cámara de Diputados para convocar al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, con el objetivo de que informaran sobre la situación de las prestaciones y el funcionamiento del sistema de atención para afiliados.

Mientras tanto, desde las clínicas y sanatorios indicaron que durante los últimos meses presentaron distintas propuestas para avanzar en una actualización gradual de los aranceles. Sin embargo, aseguraron que la última oferta recibida por parte de la obra social contemplaba una mejora inferior al 4%, porcentaje que consideran insuficiente frente al incremento de los costos operativos.

Los prestadores también señalaron dificultades vinculadas a cupos establecidos para determinadas prácticas ambulatorias y a la provisión de materiales e insumos necesarios para intervenciones complejas. Además, advirtieron que la suspensión de las consultas de guardia podría trasladar una mayor demanda hacia los hospitales públicos de la región.

El diputado rionegrino vinculó el conflicto con un proceso más amplio de restricciones presupuestarias en el área sanitaria. En ese sentido, recordó los recortes aplicados sobre distintos programas nacionales y mencionó que el propio Gobierno reconoció una deuda de PAMI con el sistema de salud de Río Negro superior a los 350 millones de pesos.

Desde el sector privado remarcaron que las instituciones alcanzadas por la medida atienden aproximadamente al 65% de la población patagónica y generan más de 10.000 puestos de trabajo directos, por lo que insistieron en la necesidad de encontrar una solución que permita sostener las prestaciones sin comprometer el funcionamiento de los establecimientos.

Frente a este escenario, Mango reclamó una intervención inmediata del Gobierno nacional para destrabar el conflicto. El legislador sostuvo que la discusión excede una cuestión administrativa y afecta directamente el acceso a un derecho esencial como la salud, especialmente para un sector de la población que requiere atención médica permanente y tratamientos continuos.