La propuesta de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 impulsada por el Gobierno nacional sumó el rechazo de la legisladora Maricel Cévoli quien presentó en las últimas horas un proyecto de declaración de repudio y advirtió que las modificaciones planteadas podrían generar retrocesos en materia de derechos humanos, acceso a la salud y políticas de acompañamiento comunitario.

La iniciativa fue impulsada por la parlamentaria rionegrina, quien además es licenciada en Psicología y cuenta con trayectoria profesional en el trabajo clínico con personas adultas y adolescentes. Según sostuvo, los cambios propuestos avanzan hacia modelos centrados en el control y la medicalización, en detrimento de estrategias preventivas y comunitarias.

“En un contexto donde crecen los padecimientos de salud mental, especialmente en las juventudes, no podemos retroceder hacia enfoques que estigmatizan y restringen derechos”, afirmó Cévoli.

Entre los aspectos cuestionados por la legisladora aparece la eliminación de la obligación del Estado nacional de financiar políticas de salud mental en las provincias. Planteó que esa modificación podría trasladar mayores responsabilidades a los sistemas provinciales sin garantizar recursos suficientes para sostener las prestaciones.

Otro de los puntos observados es el reemplazo del concepto de “padecimiento mental” por una definición que, indicó, adopta una mirada exclusivamente patologizante de las personas usuarias del sistema de salud mental.

Además, el proyecto presentado por Cévoli advierte sobre la exclusión de usuarios, usuarias y organismos de derechos humanos de los espacios de revisión y control previstos por la normativa vigente, mecanismos que fueron incorporados para garantizar la participación y supervisión de las políticas públicas en la materia.

La legisladora también manifestó preocupación por la reincorporación de criterios vinculados a la peligrosidad como fundamento de internaciones y por la ampliación de tratamientos involuntarios. A su entender, estas modificaciones entrarían en tensión con estándares internacionales de derechos humanos que promueven abordajes respetuosos de la autonomía de las personas.

“La Ley Nacional de Salud Mental fue un avance reconocido por su perspectiva interdisciplinaria, comunitaria y respetuosa de los derechos humanos. Cualquier reforma debe ampliar derechos y fortalecer el sistema público, no retroceder sobre garantías conquistadas”, sostuvo.

Otro aspecto señalado en la iniciativa legislativa está relacionado con la exigencia de contar con firma psiquiátrica para todas las internaciones. Cévoli advirtió que una medida de ese tipo podría generar dificultades concretas en provincias donde existe escasez de especialistas, afectando la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Argumentó que esa exigencia podría profundizar las desigualdades territoriales en el acceso a la atención de la salud mental, especialmente en localidades alejadas de los principales centros urbanos.

El proyecto de declaración será analizado ahora en el ámbito legislativo provincial, en medio de un debate que también se desarrolla en distintos sectores profesionales, académicos y de derechos humanos ante el avance de la propuesta de reforma impulsada por el Gobierno nacional.