Una propuesta de reforma constitucional comenzó a tomar forma con planteos que apuntan a modificar el funcionamiento de la Corte Suprema, establecer nuevas reglas sobre la deuda pública y redefinir el rol del Estado frente a los desafíos actuales.

La iniciativa es impulsada por el ex senador nacional Martín Doñate a través del Instituto Argentina 2050 (IA 2050), y quedó plasmada en un documento que propone un rediseño del esquema institucional. Según se informó, el texto busca abrir el debate sobre una actualización de la Constitución en función de transformaciones sociales, tecnológicas y económicas.

Entre los principales ejes, se plantea la necesidad de incorporar un nuevo andamiaje institucional acorde al siglo XXI, con cambios en áreas como educación, salud y seguridad, así como en la organización del sistema político y judicial. El documento también pone el foco en el aprovechamiento de los recursos naturales bajo criterios vinculados a la soberanía.

El planteo se apoya en un diagnóstico que señala el avance de las tecnologías y la concentración de poder en grandes corporaciones globales, especialmente en sectores como el tecnológico, energético y financiero. En ese contexto, se advierte sobre las dificultades de los Estados para regular y garantizar derechos frente a esos cambios.

Uno de los capítulos centrales propone una reforma del sistema judicial, con una Corte Suprema federalizada, integración con representación regional, paridad de género y mandatos limitados a 12 años. Además, se incorpora la idea de un sistema de control concentrado de constitucionalidad, con el objetivo de unificar criterios en la interpretación de la Constitución.

En paralelo, el documento incluye la necesidad de establecer reglas constitucionales en materia de endeudamiento público, con mecanismos que permitan revisar su legalidad y legitimidad, y evitar decisiones discrecionales. Este punto es presentado como un eje vinculado a la soberanía económica del país.

Otro aspecto relevante es la redefinición del vínculo entre el Estado y los recursos estratégicos, como el litio, los hidrocarburos, el agua, la biodiversidad y los datos. La propuesta plantea que estos elementos deben ser considerados como bienes clave para el desarrollo, promoviendo su industrialización y la generación de empleo en los territorios donde se producen.

También se incluye una reforma del sistema político, con la propuesta de mandatos legislativos de cuatro años sin elecciones intermedias, orientada a otorgar mayor previsibilidad en la toma de decisiones.

Desde el espacio que impulsa la iniciativa se señaló que el objetivo es promover un debate amplio y federal sobre el futuro institucional del país, con la intención de construir consensos en torno a una eventual reforma constitucional.