Un grupo de senadores nacionales de la Patagonia presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto la eliminación de la Tarifa Social Federal de Gas y restablecer el sistema de subsidios energéticos que regía antes de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. La iniciativa apunta a revertir cambios normativos que modificaron el esquema de asistencia estatal en las tarifas de servicios públicos.

La propuesta fue impulsada por las senadoras y senadores Cristina López (Tierra del Fuego), Ana Marks y Martín Soria (Río Negro), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Carlos Linares (Chubut). El proyecto también cuenta con el acompañamiento de José Carambia (Santa Cruz), Pablo Bensusán (La Pampa), José Mayans (Formosa), Lucía Corpacci (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Florencia López (La Rioja), Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y María Teresa González (Formosa).

La iniciativa propone derogar el Decreto 465/2024, el Decreto 943/2025 y la Resolución 101/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), normas que establecieron el nuevo régimen de subsidios energéticos durante la gestión del presidente Javier Milei. Según plantean los autores del proyecto, esas disposiciones implicaron la eliminación de la Tarifa Social Federal de Gas y una reducción del alcance de los subsidios.

En el texto presentado en el Senado se señala que el objetivo es restablecer las políticas energéticas vigentes con anterioridad a las reformas recientes. Entre ellas se incluyen el Decreto 332/2022, que establecía un sistema de segmentación tarifaria en tres niveles de ingresos (N1, N2 y N3), la Tarifa Social Federal de Gas y el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), destinado a familias que no cuentan con acceso a la red de gas natural.

Los fundamentos del proyecto también cuestionan el nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados, conocido como SEF, creado por el Decreto 943/2025. Ese sistema reemplazó la segmentación por ingresos por un modelo que distingue únicamente entre hogares con subsidios y hogares sin subsidios.

De acuerdo con lo planteado por los legisladores, bajo el nuevo esquema solo acceden al beneficio los hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales, lo que, según advierten, deja afuera a familias que antes recibían algún nivel de asistencia estatal. Además, el subsidio se aplica únicamente hasta un “consumo base” considerado indispensable, mientras que el resto del consumo se factura a precio pleno.

En los fundamentos del proyecto también se incluyen datos sobre la evolución reciente de las tarifas de servicios públicos. Según se detalla, desde diciembre de 2023 el precio de la electricidad acumuló aumentos del 344%, mientras que el gas registró subas del 617%. En el mismo período, la inflación fue del 171% y los salarios crecieron alrededor del 229%, cifras citadas por los autores de la iniciativa.

Los senadores señalaron además que el impacto de los cambios en el esquema de subsidios es especialmente relevante en las provincias patagónicas, donde las bajas temperaturas implican un mayor consumo de gas para calefacción durante buena parte del año. En ese contexto, plantean la necesidad de contar con un sistema tarifario que contemple las particularidades climáticas y sociales de las regiones frías del país.

El proyecto sostiene que el acceso a la energía debe ser considerado un componente central para el desarrollo económico y social, y plantea que las políticas públicas en materia energética deben garantizar condiciones de acceso para los distintos sectores de la población, especialmente en territorios donde el consumo energético está condicionado por factores climáticos.