Un relevamiento entre jóvenes, realizado días antes del 24 de marzo, muestra un rechazo mayoritario a cualquier retroceso en materia de justicia por los crímenes de la última dictadura, al tiempo que expone tensiones en la valoración del sistema democrático actual.

El estudio fue realizado por Amnistía Internacional junto a la consultora Dynamis entre el 9 y el 11 de marzo, sobre más de 600 personas jóvenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según los resultados, el 75% de quienes participaron se manifestó en desacuerdo con la posibilidad de indultar a militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

El relevamiento también indaga en la relación de las juventudes con la democracia. Si bien la mayoría la considera un valor importante, casi la mitad expresó insatisfacción con su funcionamiento en Argentina. En ese marco, un 57% sostuvo que es prioritario mantener derechos como votar y expresarse libremente incluso ante problemas de seguridad, y un 48% mantuvo esa postura aun frente a la falta de crecimiento económico.

En contraposición, el informe muestra que un 39% de las personas consultadas estaría dispuesto a resignar libertades a cambio de mejoras económicas, mientras que un 30% lo haría en pos de mayor seguridad. Estos datos reflejan tensiones en torno a las expectativas sobre el sistema democrático y las condiciones sociales actuales.

En relación a la memoria histórica, más de tres cuartos de las y los jóvenes identificaron correctamente qué se conmemora el 24 de marzo y demostraron conocimiento sobre los hechos ocurridos durante la dictadura. La escuela aparece como el principal ámbito de construcción de ese conocimiento, mencionada por el 80% de quienes participaron, seguida por las conversaciones en el ámbito familiar.

El informe también señala que el 54% de las juventudes manifiesta preocupación ante la posibilidad de que hechos similares puedan repetirse, con una diferencia según género: las mujeres expresaron mayores niveles de inquietud. A su vez, la mayoría considera importante conmemorar la fecha y respalda el feriado, aunque se registran diferencias en torno al rol del Estado en la organización de actividades.

Acceso al estudio completo

En ese contexto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, señaló que los datos evidencian no solo conocimiento sobre la dictadura, sino también un posicionamiento claro frente a posibles retrocesos en materia de derechos humanos. Además, destacó el rol de la escuela como espacio central en la transmisión de la memoria.

El informe también repasa el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en Argentina, que desde 2006 acumula 1231 personas condenadas en 361 sentencias en todo el país. Según se indica, estos avances se consolidaron como parte de una política sostenida en materia de memoria, verdad y justicia.

Desde Amnistía Internacional Argentina señalaron la importancia de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y reunión. Además, pusieron a disposición materiales para el abordaje de la fecha, incluyendo registros históricos sobre denuncias realizadas durante la dictadura y publicaciones vinculadas a la memoria colectiva.

Qué es Amnistía Internacional Argentina

Amnistía Internacional es una organización global de derechos humanos fundada en 1961 por el abogado británico Peter Benenson, que trabaja en más de 70 países promoviendo la defensa de la libertad, la justicia y la dignidad de las personas. Su accionar se basa en la investigación, la presión pública y la movilización social, y se caracteriza por su independencia, ya que no recibe financiamiento de gobiernos ni de organizaciones políticas o religiosas.

En Argentina, Amnistía Internacional Argentina tuvo un rol relevante desde el inicio de la última dictadura, cuando denunció a nivel internacional las violaciones a los derechos humanos. En la actualidad, impulsa campañas vinculadas a derechos civiles, sociales y ambientales, incluyendo el acompañamiento a pueblos originarios, la erradicación de la tortura y la promoción de políticas públicas como la Educación Sexual Integral y la Interrupción Voluntaria del Embarazo.