La posible eliminación del Estatuto del Periodista Profesional generó preocupación en el sector de prensa de Río Negro, ante su inclusión dentro del proyecto de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno nacional. La norma, vigente desde hace más de ocho décadas, regula derechos laborales específicos de la actividad periodística y alcanza a trabajadoras y trabajadores de medios de todo el país.

Según información brindada por el Sindicato Único de Prensa de Río Negro (SUPRN), la iniciativa aparece incorporada como un apartado particular dentro del proyecto de reforma, lo que encendió alertas en el sector por las consecuencias que podría tener su eventual aprobación. Desde el gremio señalaron que la derogación dejaría sin amparo legal a miles de personas que se desempeñan en tareas periodísticas, tanto a nivel nacional como provincial.

En ese contexto, el sindicato rionegrino manifestó su inquietud junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y otras organizaciones gremiales del país. Como parte de esa posición, reclamaron a las y los senadores nacionales por Río Negro que se pronuncien públicamente sobre el tema y que no acompañen una iniciativa que modificaría el marco legal vigente para la actividad.

Desde el SUPRN también se recordó que, desde su conformación formal en diciembre de 2023 —y previamente a través de las organizaciones que le dieron origen—, se vienen denunciando de manera sostenida diversas situaciones de precarización laboral en empresas periodísticas de la provincia. Entre los principales problemas relevados figuran el trabajo no registrado, los despidos sin causa y el incumplimiento de obligaciones laborales.

De acuerdo a lo señalado por el gremio, aun en ese escenario, el Estatuto del Periodista ha funcionado históricamente como una herramienta legal que permitió encuadrar reclamos, establecer límites frente a prácticas irregulares y sostener derechos básicos de quienes ejercen la actividad periodística. Su vigencia, indicaron, ha sido central para la defensa de condiciones laborales mínimas en el sector.

El Estatuto regula aspectos específicos del trabajo periodístico, como la jornada laboral de 36 horas semanales, la estabilidad en el empleo, el régimen de indemnizaciones y otros derechos vinculados al ejercicio profesional, entre ellos la libertad de expresión, el acceso a las fuentes de información y la prohibición de discriminación por razones políticas o gremiales, en línea con una perspectiva de derechos y no discriminación.

Desde el ámbito sindical también se destacó que la constitucionalidad de estas normas fue ratificada en distintas oportunidades por la Justicia, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos que reconocen la función social del periodismo y la necesidad de garantizar condiciones laborales que resguarden la independencia de la tarea informativa.

Finalmente, el sindicato expresó su preocupación por lo que considera una dinámica de reformas estructurales impulsadas sin la participación de las y los trabajadores. En ese sentido, insistió en que cualquier modificación al Estatuto del Periodista debería debatirse de manera amplia, democrática y con la intervención directa de quienes desarrollan la actividad en los medios de comunicación.