El Gobierno de Río Negro y los gremios estatales retomarán la negociación salarial el próximo jueves 5 de febrero, luego de un encuentro mantenido este lunes en Cipolletti entre el gobernador Alberto Weretilneck y el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. De la reunión surgieron definiciones vinculadas a los plazos y al esquema general de discusión que se abordará en la nueva instancia paritaria.

Según pudo reconstruir este medio, el encuentro permitió ordenar aspectos que habían quedado pendientes en reuniones anteriores, en un contexto en el que las paritarias de la semana pasada no tuvieron definiciones concretas por parte del Ejecutivo, más allá de la propuesta general de actualizar los salarios en función de la inflación. En ese marco, también se avanzó en la posibilidad de una compensación salarial correspondiente al último trimestre de 2025.

En diálogo con Diario La Palabra, Aguiar confirmó que uno de los ejes centrales de la reunión fue la discusión de esa eventual compensación. “Hablamos de la paritaria y de la posibilidad de que se ofrezca una compensación, que queda determinar qué tipo de compensación del 2025 para poder avanzar”, señaló el dirigente sindical.

De acuerdo a lo planteado durante el encuentro, los haberes de enero ya se encuentran en proceso de liquidación, por lo que cualquier corrección vinculada a ese período debería instrumentarse mediante una planilla complementaria. Ese punto forma parte de los temas que el Gobierno prevé formalizar en la mesa paritaria convocada para el 5 de febrero.

Otro de los aspectos abordados fue el criterio de actualización salarial. Aguiar reiteró cuestionamientos al uso exclusivo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma como referencia. “El IPC de Viedma no cierra por ningún lado. No es representativo del costo de vida que hay en el resto de la provincia, como Bariloche, El Bolsón, la Región Sur o las zonas turísticas y petroleras”, expresó, y puso como ejemplo la situación de trabajadores de Catriel que realizan compras en Neuquén por las diferencias de precios.

En ese sentido, el dirigente de ATE advirtió sobre los límites de los indicadores que dependen de estructuras gubernamentales. “Cuando un organismo no tiene independencia y depende del Poder Ejecutivo, puede ser manipulado, más aún cuando las paritarias empiezan a regirse por esos índices”, sostuvo. No obstante, destacó un cambio en el enfoque general de la negociación: “Logramos que, en lugar de atar los salarios a los ingresos de la provincia, ahora se aten a la inflación. Pero el INDEC por sí solo no alcanza, hay que promediarlo con los datos nacionales”.

Durante la reunión también se mencionaron otros conceptos vinculados a los ingresos, como la ayuda escolar —que se paga con los salarios de febrero— y la indumentaria, cuyos plazos continúan bajo negociación.

Desde el Ejecutivo provincial, en tanto, optaron por la cautela y evitaron adelantar precisiones, señalando que cualquier ofrecimiento formal será presentado en la mesa paritaria del 5 de febrero. Trascendió, además, que en una parte del encuentro habría participado el ministro de Economía, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente.

La continuidad de la negociación salarial se da en un escenario de definiciones aún abiertas respecto de la participación de otros gremios estatales. En el caso de Unter, la conducción docente ya anticipó el rechazo a la propuesta presentada en el ámbito del Ministerio de Educación y convocó a un Congreso para este jueves en San Antonio Oeste, con el objetivo de definir los pasos a seguir.

Por su parte, UPCN se retiró de la paritaria de la Función Pública a la espera de conocer los detalles del ofrecimiento salarial y posteriormente planteó la nulidad del acta, argumentando la falta de constitución formal del Consejo de la Función Pública. Si bien ese planteo tuvo respuesta por parte de la secretaria del área, Tania Lastra, este lunes el gremio reiteró el pedido y anticipó la posibilidad de avanzar con acciones administrativas y judiciales.

El debate salarial para 2026 se había abierto formalmente el 22 de enero, cuando el Gobierno provincial propuso una actualización para el primer trimestre del año basada en el IPC de Viedma. Esa referencia fue cuestionada por ATE desde el inicio, y en ese contexto la convocatoria del 5 de febrero será una instancia clave para definir el rumbo de las negociaciones.